La historia de la corrupción en el Perú
A. Titulo
La historia de la corrupción en el Perú
B. Abstract
Como metodología de aprendizaje y evaluación de la organización,
estructura y funcionamiento del estado peruano, la escuela de postgrado de la
Universidad Cesar Vallejo – sede Tarapoto, incentiva al análisis crítico y
recopilación sobre la evaluación histórica y formación del presente estado de
derecho.
Se plantea como problemática la inserción de antecedentes
históricos en la construcción y entendimiento sobre el actual estado, sesgando
el análisis en la corrupción y su influencia.
Así mismo, se propone resumir los eventos relevantes del presente
libro y relacionarlos con la actual gestión política desde una perspectiva
neutral. Se espera que la información resaltada sirva al público en el rápido
entendimiento y pueda mostrar a la corrupción como un sistema complejo de
procesos o como un simple virus informático.
C. Palabras
clave
§
Corrupción: “…el mal uso del poder
político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, coludidos con
mezquinos intereses privados, para así obtener ventajas económicas o políticas
contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el
desvío de recursos públicos, y la distorsión de políticas e instituciones.” – Alfonso
W. Quiroz
D. Introducción
“La corrupción constituye un fenómeno insidioso, amplio, variado y
global que comprende actividades tanto públicas como privadas. No se trata
únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. La corruptela comprende
el ofrecimiento y la recepción de sobornos; la malversación y mala asignación
de fondos y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos; el fraude
electoral, el tráfico de influencias y otras trasgresiones administrativas como
el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos.
No obstante, sus efectos recurrentes y cíclicos, hasta esta publicación ha sido
poco lo que sabíamos acerca de las causas específicas de la corrupción en el
país y sus costos económicos e institucionales. Desde una perspectiva histórica
o de larga duración, el minucioso trabajo de Alfonso W. Quiroz, basado en una
amplia gama de fuentes de archivos y en interpretaciones sugerentes, nos
presenta un país profundamente afectado por una corrupción administrativa y
estatal, que puede medirse desde las postrimerías del periodo colonial hasta
nuestros días. El autor describe y analiza con detalle el abuso de los recursos
públicos y explica cómo la corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso
del país.” – Instituto de Estudios Peruanos – IEP
E. Sobre el
contenido del libro
“Cronológicamente el libro cubre el período que va desde el siglo
XVII hasta el final del siglo XX. Son cuatro siglos de historia, que abarcan
los últimos doscientos años del período colonial y las primeras dos centurias
de vida independiente, como quien nos señala que la corrupción fue ya moneda
corriente antes de la llegada del sistema de la república, pero que ésta
tampoco pudo deshacerse de ella.
Quiroz estableció un ciclo de corrupción percibida, de carácter
inestable y que se encuentra determinado por la difusión de escándalos, como
producto de los medios de comunicación o gracias a las contiendas en un aparato
político conflictivo. Así las cosas, a lo largo de la historia de Perú se
presentaron siete ciclos de corrupción sistémica, en el interior de los cuales
se presentaron ciclos de corrupción percibida.” - Pilco Yarahuaman 2017
1.
El fracaso de las reformas coloniales,
1750-1820
El primero de los ciclos estudiados por Quiroz abarca el periodo
colonial tardío, marcado por los malos manejos de los funcionarios reales a
favor de sus propios intereses, especialmente los relacionados con la
administración de las rentas reales provenientes de la actividad minera. El
estudio de Quiroz es implacable con los libertadores y caudillos independentistas.
Documenta sus malas prácticas para financiarse y financiar al
ejército, y nos informa sobre la manera como se imponen sobre los liberales de
la época.
La situación era crítica: fraudes, confabulaciones
administrativas, cohecho y descuidos técnicos; además de corruptelas
generalizadas entre autoridades, oficiales de hacienda, mineros y comerciantes.
Ulloa se enfrenta a poderosos intereses.
1.1.
Desvelando abusos
§
La primera crónica sobre corrupción fue hecha
por Guaman Poma de Ayala, el cuál explicaba el maltrato a los indios por parte
de autoridades y el clero en 1615. En 1622 el sargento Jun de Aponte escribió
al rey, indicando la perdición del Perú y la necesidad de una gran reforma.
§
Gracias al trabajo de Antonio de Ulloa y Jorge
Juan, indican la existencia de venta de oficios y cargos públicos desde 1633,
más de 3 generaciones de virreyes en 200 años de gobierno virreinal, los cuales
imponían gravamen obligatorio a quienes fueran corregidores por el rey (el
famoso diezmo).
§
En 1660 se reporta pérdidas en producción de
minas por mal manejo y gestión de fondos.
1.2.
Purgatorio minero
§
En 1749 en Huancavelica, Antonio de Ulloa se
desempeño como informante secreto y por encargatura del gobernador fue testigo
de diversos intereses corruptos. De esta manera, identificó irregularidades en
las minas, a través de permisos falsificados y ventas ilegales que no permitían
el pago de deudas al gobierno y el deposito efectivo en los reales almacenes o
cajas. (Es decir, robaban y endeudaban más al gobierno).
§
Dichas actividades se realizaron hasta 1813,
causando: (1) Abandono de la mina, (2) deterioro de las condiciones de los
indios y (3) alza en el costo de financiación de minerales (mercurio y plata).
1.3.
Plata y contrabando
§
La participación de oficiales corruptos de las
cajas reales a través de sobornos o repartijas significo grandes pérdidas para
la corona.
§
El mecanismo para adquisición de contrabando
fue a través de plata piña (plata pura) entre comerciantes de lima, oficiales y
jueces del tribunal de consulado.
§
Se identifica como mayores beneficiarios a
élites mercantiles, políticos chantajistas, militares abusivos y prepotentes,
funcionario público ineficiente y oportunista, y empresarios de negocios
fáciles a cualquier costo.
§
En el siglo XVIII lo más notorio fue la
corrupción en la explotación y producción de plata, su comercio, financiamiento
del mercurio subsidiado y especulado, los impuestos, el cobro de deudas, el
manejo de las cuentas y el creciente contrabando de aliados franceses y
enemigos ingleses y holandeses.
1.4.
Círculos de patronazgo virreinales
§
El patronazgo forma la base de la estabilidad
virreinal que aproximadamente duraría casi 2.5 siglos, el cuál significa un
alto costo por estar acompañado de la corrupción, es decir, beneficios para
unos cuantos, en contra de la ley, las instituciones y el bien común.
§
El virrey llegaba con los miembros de su
familia, parientes, clientes y criados y se aliaba con intereses locales.
§
Se estima que los virreyes recibían sumas de
343,000 pesos solo por conceder empleos a corregidores, oficiales reales de
hacienda y oidores, solicitando realizar ventas ilícitas de tierra públicas y
arreglo de linderos de propiedad.
1.5.
Decreciente celo reformista
§
En la década de 1770, en España, con José
Gálvez se había iniciado una etapa reformista de reducir el poder excesivo de
los virreyes para hacerlo más eficiente y menos corrupto. Esto coincidió con el
enfrentamiento entre el vireey Guirior y el visitar Areche a lo que se suma la
sublevación del José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru II).
§
Las consecuencias de esta rebelión sofocada sanguíneamente
forzaron a acelerar las reformas previstas, pero siempre con la oposición de
los afectados. El nuevo visitador Jorge Escobedo implementó las intendencias.
1.6.
Ciclos de corrupción colonial
§
Ganancias ilegales e indebidas del virrey,
obtenidas por la distribución de cargos oficiales, otras comisiones cobradas y
granjerías o tratos privados.
§
Ganancias irregulares y abusivas obtenidas por
titulares o interinos de cargos venales (gobernadores, corregidores, oidores:
venta de cargos)
§
Ineficiencia administrativas y corruptas como
el retiro de cobro de deudas y el descuido en supervisar y mantener las minas.
§
Las rentas no recabadas, quinto real y
alcabala, contrabando y empleo de la plata piña.
2.
Cimientos socavados de la temprana república,
1821-1859
En este ciclo, se constata que después de la independencia de la
república recién fundada, esta heredó las prácticas propias del sistema
colonial, caracterizadas por el patrimonialismo, en el cual los militares
cumplieron un papel preponderante. Nuestros héroes libertadores (San Martín y
Bolívar, y ni qué decir de Gamarra) se apropian de manera abusiva y prepotente
de fortunas a costa de expropiaciones, de recompensas jugosas que se hacen
otorgar y de tributos en nombre de la independencia y de su sacrificio. Son los
responsables del grave endeudamiento fiscal llevado a situaciones penosas de
miseria.
La herencia nefasta de Gamarra, específicamente, sienta las bases
de la República y de los problemas burocráticos y financieros del Estado. Se
hace elegir repetidamente y construye su clientela de apoyo incondicional con
empresarios privados, a los que compra con jugosos adelantos para sus negocios,
haciéndolos acreedores privilegiados del Estado y leales a él, y aplasta a La
Mar en sus intentos reformadores.
2.1.
Saqueo patriota
Al no contar con recursos financieros, los líderes y caudillos
militares que apoyaron la causa emancipadora abusaron de la expropiación, las
corruptelas y el crédito externo e interno del nombre de la causa patriota.
En el periodo 1821-1822, el libertador José de san Martin y Bernardo
Monteagudo, su ministro de confianza, expropiaron y dilapidaron a la elite
mercantil y económica de lima, sin conseguir la independencia definitiva del
Perú. Monteagudo. Su objetivo principal consistía en erradicar la amenaza
española en la plata y chile independientes a cualquier costo, incluso la
ruina económica del Perú. Confisco caudales y otros recursos para
organizar redes locales de espionaje y operaciones encubiertas.
Algunos peruanos indignados protestaron contra Monteagudo, que
había puesto su mira en las fortunas privadas. Así, ordenaba sustraer los
tesoros de las iglesias de la ciudad, no para salvar la patria sino para pagar
a espías y obras públicas inútiles. Semejante radicalismo condujo a su salida
obliga del Perú.
La política de secuestros inaugurada por Monteagudo mino aún más
una débil tradición del derecho a la propiedad y sentó las bases para
expropiaciones motivadas por razones políticas. Eventualmente, la mayor parte
de los bienes expropiados se otorgó a oficiales militares que pedían
compensación y recompensa por sus hazañas patrióticas. Entre los oficiales de
alto rango que recibieron estas recompensas tenemos a Antonio José de Sucre,
Bernardo O’Higgins, José Rufino Echenique, Juan Francisco Reyes, Blas Cerdeñas
y José María Plaza, entre otros.
La corrupción de las autoridades de provincias, una expresión del
colapso final de la reforma de las intendencias, perduraría así en el Perú
independiente.
El almirante Thomas Cochrane, cuyos servicios navales y gastos
habían quedados impagados, se apropió de las reservas de plata en barras que
habían sido penosa y prepotentemente acumuladas durante el gobierno de san
Martin. Cochrane fue el comandante de la flota “libertadora” chilena y también
se vio beneficiado con la captura y secuestro de las naves mercantes peruanas.
Un diplomático francés informo que la falta de apoyo popular a la
libertad y la independencia se explicaba por la corrupción de las nuevas
autoridades separatistas y sus luchas internas.
El general Simón Bolívar, cabeza de la campaña final que venció al
ejército realista en Perú, también tomo parte en las dañinas prácticas de
expropiación local y abuso de autoridad. Bolívar y su dedicado ministro José Faustino
Sánchez Carrión decretaron, en el periodo 1824-1825, la confiscación de las
rentas y la expropiación subsiguiente de quienes se hubiesen refugiado en la
fortaleza del real Felipe en el callao. Sánchez Carrión recibió varias
propiedades como recompensa a sus fieles servicios bajo condiciones de extrema
penuria fiscal y endeudamiento, un congreso servil recompenso a bolívar en 1826
con más de un millón de pesos, mientras los funcionarios de gobierno mal
pagados saqueaban las rentas de provincias y confiscaban privadas. Tal fue el
caso del coronel Juan Pablo Santa Cruz, gobernador de chincha baja, el general
Antonio Gutiérrez de la fuente.
Al mando del gobierno. Bolívar ordeno a sus propios oficiales el
despojar propiedades. El general Agustín Gamarra, perfecto del Cuzco, le
presento a Bolívar ochenta medallas de oro y quinientas de plata recién
acuñadas en su honor. Hipólito Unanue, el ministro de hacienda de Bolívar,
y José de Larrea y Loredo, sucesor, manifestaron preocupación por los excesos y
el caos fiscal atribuidos a gamarra y otras autoridades de provincias.
Bolívar aplasto a los líderes de inspiración liberal y usurpo el
poder constitucional. En 1826 se vio obligado a dejar las riendas del poder
dictorial peruano debido a la oposición colombiana, peruana y boliviana. El
saqueo y el abuso de bienes privados y públicos por partes de jefes militares
continuaron siendo frecuentes y causando problemas diplomáticos recurrentes
durante el temprano periodo republicano.
El manejo abusivo e inepto del crédito interno con préstamos
obligatorios e impagos, asignados principalmente a comerciantes locales y
extranjeros, así como billetes sin respaldo adecuado tuvo como resultado la
rápida pérdida de fuentes de crédito del estado peruano. La deuda interna de ese
entonces incluía los salarios impagos de los empleados del gobierno,
originalmente respaldados por la deuda externa, todo lo cual sumaba
aproximadamente 7 millones de pesos, además de los más de 14 millones de pesos
de la heredada deuda colonial legítimamente debida a acreedores locales.
2.2.
Turbios préstamos externos
El país carecía de crédito interno y externo, y su deuda crecía
llegando a más de veinte millones de pesos. Sin recursos privados y arruinado
el crédito interno se tuvo que acudir a la costosa deuda pública externa para
financiar los gastos de la naciente república. Este sistema también fue
manejado por funcionarios agentes coludidos por el abuso y sus propios
intereses.
El primer contrato de préstamo externo se firmó en octubre de 1822 y fue aprobado por el Congreso Constituyente en 1823, durante el breve gobierno de José de la Riva-Agüero, el primer presidente del Perú.
El primer contrato de préstamo externo se firmó en octubre de 1822 y fue aprobado por el Congreso Constituyente en 1823, durante el breve gobierno de José de la Riva-Agüero, el primer presidente del Perú.
2.3.
Círculos de patronazgo caudillesco
Se desnaturaliza la finalidad de la ley pues este proceso sirvió
casi nada para el mercado interno de capitales ya que fueron objeto de
especulación. De esta manera, se perdió una oportunidad crucial para
desarrollar sólidas bases financieras de un capitalismo nacional. Este proceso
de la consolidación sofisticó la corrupción llegando a ser orgánica y
sistémica. Entre las altas autoridades y ministros.
2.4.
El azote del régimen guanero
El contrabando y la pérdida de las rentas continuaron y crecieron
en este periodo. Los sobornos en los contratos públicos, sobre todo, en las
exportaciones del guano, crecieron desde 1840 y 1850 a medida que aumentaba la
renta guanera. El bien común fue reemplazado por la colusión, el fraude en
naciente crédito público, las manipulaciones financieras, los mezquinos intereses
de funcionarios, la especulación de comerciantes. Todo esto conspiró contra la
recuperación económica el desarrollo y el bienestar del pueblo. Hubo protestas
públicas, levantamiento y deposición de autoridades, pero no fueron suficiente
y su fuerza era muy limitada.
2.5.
Escándalos de la consolidación de la deuda
En 1850, bajo el régimen de Ramón Castilla, en pleno auge del
guano, se aprobó la ley de la consolidación de la deuda interna, la cual
consistió en el pago de las deudas acumuladas por el estado desde las guerras
de independencia, dichas deudas estarían constituidas por los diferentes
préstamos, reconociéndose estos como créditos contra el estado, de parte tanto
de autoridades como civiles y familias que estuvieron dispuestas a financiar, o
apoyar, de alguna manera, la independencia del Perú desde 1820.
En síntesis, el pago de la deuda interna no contribuyó a impulsar
el capitalismo o la modernización del país, sino, por el contrario, acentuó la
desigualdad económica y social. Aún más: produjo una peligrosa ruptura entre el
Estado y sus ciudadanos. En efecto, los sectores medios y populares no se
limitaron a espectar pasivamente el “festín” de los bonos. En su contra se
escribieron libros y apareció toda una literatura contestataria, muy agresiva, con
ciertas analogías a las revoluciones europeas de 1848. Hubo alzamientos de Lima
y Arequipa.
2.6.
Compensación de la manumisión
En la guerra civil Castilla había decretado la libertad o
manumisión de los esclavos en 1854 para ganar respaldo popular y reclutar
soldados. En el año 1855 se repartieron a los antiguos propietarios de esclavos
que habían solicitado compensación en vales de manumisión con un interés del
seis por ciento. El valor de la compensación por cada uno de los esclavos
manumitidos fue fijado en trescientos pesos. Los antiguos dueños de esclavos
recibieron aproximadamente 2.8 millones de pesos en efectivo y 5.2 millones de
pesos en vales por un total de casi ocho millones de pesos. El tercer
expropietario, el c fue indemnizados con
111.000 pesos en vales por 370 esclavos; otros importantes expropietarios
incluyeron a varios monasterios y a hacendados como Fernando Carillo de
Albornoz; Antonio Fernández Prada y Mario osma. El servicio de la deuda de los
vales de manumisión fue pagado puntualmente el periodo 1860 y 1861.
Debido a la rápida alza valor de los vales, los comerciales en
busca de una fácil ganancia y los acreedores de aquellos hacendados
generosamente compensados.
El proceso de compensación de la manumisión estuvo plagado de
inexactitudes, especulación y reclamos exagerados o abiertamente fraudulentos.
Algunos antiguos dueños incluyeron esclavos muertos o inflaron artificialmente
la cantidad que sostenían haber tenido antes del decreto de manumisión. Castilla
y Elías llevaron a cabo este proceso de indemnización que estuvo cargado de
favoritismo. Pagaban favores políticos para asegurar el respaldo de la elite al
nuevo régimen a costa del erario nacional. Para finales del decenio de 1850 se
había iniciado la nueva fase de contratos y compensaciones inflados, en un
clima de revivida expansión financiera. En el ínterin, la muy anunciada lucha
contra el abuso corrupto del erario y el crédito público había colapsado. En
1855_1858 se perdió la oportunidad de introducir reformas y controles eficaces
contra la corrupción.
2.7.
Venalidad impertérrita
Poco después de la destitución de Echenique, una comisión
investigadora oficial inicio una profunda averiguación de los abusos e
ilegalidades de la consolidación y la conversión, así como otras
cuestiones ligadas a la corrupción administrativa de su gobierno. La
investigación fue exhaustiva e inicialmente contó con el respaldo del poder
ejecutivo y el legislativo, según una ley aprobada el 29 de diciembre de 1856,
se suspendió del servicio de la deuda a los vales de una deuda interna que
tuvieron su origen en reclamos fraudulentos, ilegales y exagerados, además, se
detuvo temporalmente la conversión de deuda interna en externa.
Los legisladores y autoridades del ejecutivo más decididos en la
lucha contra los abusos del gobierno anteriores vieron sometidos, sin embargo,
a una intensa presión para que revirtieran las medidas anticorrupción adoptadas
en el periodo 1855-1856.
El argumento legal opuesto, usado por los investigadores de la
junta de exámenes fiscal y la recién creada dirección de créditos nacional. Este
conflicto legal trajo consigo varios juicios y peticiones encabezados por
los más poderosos comerciantes y financistas extranjeros y nacionales.
Entonces una retractación crucial en la posición de las más
importantes autoridades conllevo a la revocación y derrota de las iniciales
medidas contra la corrupción. En medio de otra guerra civil, esta vez
desencadenada por el alzamiento del regenerador. El general Ignacio de Vivanco,
el control oficial del gobierno sobre las islas guaneras se vio amenazado por
navíos rebeldes, así como barcos de guerra ingleses y franceses.
Castilla tomo medidas para conseguir el respaldo de la mayoría de
los diplomáticos más importantes. Los de Francia, Albert Huet y gran Bretaña,
Stephen Henry, rehusaron su apoyo si no reconocía antes la validez y los
intereses atrasados de todos los vales de la consolidación convertidos y
emitidos por el gobierno de Echenique.
En agosto de 1857, tres o cuatro pistoleros invadieron el hogar
del cónsul general ingles Sulivan y lo asesinaron impunemente. Su asesinato
habría sido por un acto de venganza política cometida “por personas de
cierta posición en la sociedad” porque Sulivan había apoyado
inicialmente a Vivanco y Echenique para juego tomar partido por
castilla: “los asesinos tal vez nunca sean descubiertos, puesto que,
gracias a la negligencia de la política y la mala administración de la ley del
Perú, los más atroces criminales a menudo escapan de la justicia”.
El escándalo de corrupción más notorio durante el gobierno de
castilla, toco a su ministro de relaciones exteriores, Manuel Ortiz de
Zevallos, principal de la restitución de las porciones cuestionados de las
deudas de la consolidación y conversión.
Lo más escandaloso fue, sin embargo, la revelación de Zevallos
sobre que el soborno de 70.000 pesos había, en realidad, sido repartido entre
los miembros del congreso que estaban a cargo de aprobar el contrato en
cuestión. En efecto el cuerpo legislativo gozaba, en ese entonces, de poca
confianza en el público: el único parlamentario con experiencia era Buenaventura
Seoane, pero en los círculos diplomáticos lo consideraban oportunista y venal.
La restitución en 1857 de los instrumentos de deuda fraudulentos
sentó importantes bases para la vigorización de esta onerosa tendencia.
Inicialmente, Elías se opuso a la restitución de los vales y bonos
impugnados a pesar de las contradictorias de decisiones oficiales sobre las
conversiones en el extranjero.
Domingo Elías Martínez se vio obligado a abandonar el gabinete de Castilla para pasar ser el encargo de negocios en Francia. Elías permaneció poco tiempo en Europa puesto que su salud estaba deteriorando y se vio obligado a volver al Perú
3.
El sinuoso camino al desastre, 1860-1883
Un nuevo ciclo de corrupción sería iniciado por la explosión del
auge guanero, que se materializaba en una engañosa prosperidad urbana, en donde
los costos de la corrupción llegaron a 108 millones de soles en 1870, como
producto del manejo malintencionado de la deuda pública, los contratos de obras
y de la concesión guanera. El historiador también demuestra que las sospechas
cotidianas de obras públicas infladas y sobrevaluadas no son temas de nuestra
época en este capítulo dedicado a los corruptos arreglos financieros de las
élites del país, refiere cómo ciertos discursos de políticas de inversión
parecen repetirse entre décadas, sobre todo en los hipos temporales de bonanza
económica. Así, apenas unos cuantos años antes de la guerra con Chile, «se
desató un frenesí en la contratación de obras públicas para la construcción de
ferrocarriles, proyectos de irrigación, puentes, embarcaderos, muelles,
edificios públicos y mejoras urbanas sin un cálculo sólido de su rentabilidad y
factibilidad. Sin embargo, estas obras públicas se anunciaron a la ciudadanía
como la varita mágica que llevaría a la riqueza y el desarrollo» Eso ocurría ya
entre 1868 y 1879.
Los empresarios son protagonistas de jugosas historias de
corrupción. Son esquilmados por los militares caudillos durante las guerras de
la independencia, pero luego se desquitan y entienden el juego del poder. Un
momento entre muchos son los vales de manumisión que Castilla les paga a los
poseedores de esclavos cuando la esclavitud es abolida. Castilla termina siendo
un tímido reformador y promotor de un proceso de indemnización cargado de
favoritismo pagado puntualmente entre 1860 y 1861. No salen las sumas cuando se
trata de verificar cuántos esclavos había y cuantos se indemnizaron.
3.1.
Negocios guaneros monopólicos
El principal negocio y fuente de corruptelas fue la explotación
del guano. El contrato cuasi monopólico del consignatario Anthony Gibss &
Sons suscrito con el gobierno de Rufino Echenique fue causa de una cadena de
sobornos y jugadas de los representantes del Perú en Europa como fijación de
precio, pago de honorarios por las transacciones financieras, la especulación
con bonos peruanos, etc.
En los años siguientes a 1862 la situación financiera estaba
deteriorada por los años crecientes gastos militares, las obras públicas y la
breve guerra con Ecuador.
Pero, la mayor crisis externa fue el conflicto con España que
Pezet trató de negociar con un pago de 3 millones de pesos para satisfacer sus
demandas ya que había ocupado las islas de Chincha, fuente principal de la
renta guanera y garantía de la deuda pública.
3.2.
El infame Contrato Dreyfus
Nicolás de Piérola, político inexperto, organiza una serie de estrategias
dudosas para hacer frente al alarmante déficit fiscal. Su política es apoyarse
en el endeudamiento externo para cubrir en el déficit para lo cual sorprende al
congreso al aprobar la oferta de Dreyfus de adelantarle al gobierno fondos
contra 2 millones de toneladas de guano que el estado le vendería durante un
periodo determinado.
Dreyfus establece sus alianzas en Europa con el agente financiero
Henry Schroder y Leiden con lo que logra el control casi monopólico del grueso
de las finanzas públicas como acreedor, agente financiero y contratista de
guano. Cierra así todo el circuito económico – financiero del Perú.
3.3.
Avalancha de obras públicas
Asegurado así el contrato, Piérola embarca al gobierno de Balta en
2 devastadores proyectos financieros con Henry Meiggs para que construya 2
ferrocarriles de gran escala: de Lima a La Oroya, y de Arequipa a Puno.
Dreyfus es comisionado para lograr un préstamo de 59,600 millones
de pesos en mayo de 1870 y otro préstamo de refinanciamiento por 182,700
millones de pesos en diciembre de 1871. El motor de la economía estaba
avanzando en la dirección equivocada de obras públicas no rentables,
financiadas por el déficit fiscal y una deuda externa inmanejable. Sin embargo,
todos se alinearon tratando de sacar el máximo provecho personal antes que
ocurra el colapso. La red de Echenique – Piérola la que más avanzó en alcanzar
posiciones estratégicas de poder y riqueza.
3.4.
Hacia la bancarrota
En 1872 Manuel Pardo, el primer civil, asume la presidencia del
Perú. Su voz de alerta dice que la bonanza del guano se ha convertido en una
pesadilla de no adoptarse medidas drásticas. La renta de la venta del guano
estaba comprometida a cubrir la deuda externa. Por ello, el déficit fiscal
debía ser financiado con nuevos impuestos a la exportación y otros impuestos
indirectos. También debía realizarse ahorros fiscales mediante varias reformas.
La transmisión de mando de Balta – Piérola-Dreyfus al de Pardo, fue la
transmisión del escándalo de la pestilente corrupción a la notable pureza.
Pardo tomó en serio la situación del gobierno abanderando la reforma de las
finanzas públicas y la administración estatal para lograr la estabilidad
institucional.
3.5.
Ignominia en la guerra
En 1876 asume el mando el general Mariano Ignacio Prado. Las
conspiraciones continúan. La dependencia del crédito externo y las dificultades
internas del manejo financiero y presupuestario imposibilitaron una estabilidad
al Perú la que se agudizó con la guerra declarada con Chile. Sola la empresa
Grace Brothers & Cia, y algunas pequeñas más prestaron asistencia al
gobierno. Incluso Grace logró que el gobierno de los EE.UU. la apoyara en sus
intereses del guano y del salitre.
La derrota de las fuerzas navales y militares estaba cantada. Al
ausentarse M.I. Prado, Piérola dio un golpe de estado, denigrándolo. Impuso
nocivas decisiones financieras además de dar protagonismo a Dreyfus contra los
acuerdos financieros ya tomados con otras compañías. Igualmente, canceló
contratos, confiscó propiedades, arrestó y persiguió a sus enemigos políticos.
3.6.
Pérdidas exacerbadas
Lima ocupada y el gobierno sin representante, con un comercio
paralizado y sus pobladores expuestos a abusos y represalia, más la destrucción
de propiedades y la extradición de contribuciones compulsivas, terminaron por
ahogar al país.
Se pensó que Francisco García Calderón aceptaría ceder a las
demandar territoriales de Chile.
Él las rechazó y comenzó a hilvanar un
respaldo diplomático de EE.UU. con el propósito de sólo aceptar el el pago de
una indemnización financiera a Chile, sin ceder territorio. Sin embargo, los
representantes de España y Gran Bretaña alertaron a Chile de estos tratos que
se complicaron con los cambios en el gobierno de EE.UU. que comenzó a presionar
al Perú para que acepte la cesión de territorio y alcance la paz, lo que se
concretó con la firma de tratado de Paz de Ancón por Miguel Iglesias auspiciada
por diplomáticos de EE.U.., Francia, España, Gran Bretaña, comerciantes y
financistas.
4.
La modernización y sus secuaces, 1884-1930
o
Manuel Gonzales Prada (1844-1918) Fue testigo
presencial de la caída y ocupación de Lima. Culpa del desastre a la dirigencia
política y social del país.
o
Habla sobre la disipación de oficiales de
reserva abandonando sus puestos, y vándalos y soldados descarriados saquean
tiendas y casas de residentes chinos. Permanece encerrado en su casa durante
los dos años y medio que duró la ocupación militar hasta la firma del oneroso
tratado de paz de Ancón, el 20.1.33.
o
Se convierte en uno de los luchadores y
críticos más implacables contra la corrupción en la historia moderna peruana.
o
Los partidos políticos eran meros clubes
electorales de malsanas ambiciones mercantiles. El poder judicial, Almoneda
pública desde la corte Suprema hasta el juzgado de paz.
o
El congreso, un grupo envilecido conformado
por parientes, amigos y criados del presidente. El Perú era un organismo
enfermo: “donde se aplica el dedo, brota la pus”, decía.
o
Creía que en el país no había una sola persona
honrada.
o
Define los contratos Dreyfus. Meiggs y Grace
como grandes ferias en los cuales la prensa, empleados públicos, diplomáticos,
tribunales de justicia, Cámaras del Congreso, ministros y presidentes se ponían
a la venta.
o
Sin embargo, las ideas de recuperación y
modernización se fueron imponiendo y la situación del país fue mejorando, pero
los elementos notorios de la vieja corrupción, que en el pasado debilitaron las
instituciones y el crecimiento, persistieron tercamente.
4.1.
Se alquilan militares
§
El camino hacia la recuperación
inevitablemente comenzó con el renacimiento de los feudos militares, pagados y
mantenidos por extranjeros o nacionales, hecho que reforzó a grupos o redes de
interés.
§
El gobierno del General Miguel Iglesias
(1882-1885) fue descrito como un títere de los intereses Chilenos. Repudiado
por la mayoría de los peruanos, su sostén lo proporcionaban las tropas
chilenas.
§
Iglesias también recibió el respaldo de los
principales jefes Pierolistas (Manuel Antonio Barinaga, Juan Martín Echenique,
Joaquín y Rufino Torrico), quienes serían ministros de su primer gabinete, así
como Ignacio de Osma, hermano de Pedro de Osma, un seguidor incondicional de
Piérola.
§
El gobierno de Iglesias representó un nuevo
tipo de militarismo, nacido de la derrota y la rendición, que no dejó de cobrar
un precio por sus servicios, incluyendo honorarios e impuestos que lindaban con
la extorsión, así como sobornos y sinecuras pagados por intereses extranjeros y
nacionales.
§
El General Manuel de la Cotera caracterizó a
Iglesias como un obscuro conspirador, instrumento servil del ex dictador
Piérola. Llamó a su gobierno un régimen de terror, violencia y malversación que
atraía a los elementos más corruptos del país.
§
Mientras las tropas Chilenas eran evacuadas en
agosto de 1884, un amargo conflicto armado se libraba entre Iglesias y el
general Andrés Avelino Cáceres, tenaz héroe de la resistencia contra la
ocupación.
§
Cáceres aspiraba a lo que Gonzales Prada
consideraba que era la meta de los altos oficiales militares: alcanzar la
presidencia como el ascenso máximo en la carrera militar.
§
Durante las negociaciones de paz, Iglesias
había intentado sobornar a Cáceres, prometiéndole una amnistía y un puesto diplomático en Europa, si deponía
las armas. El “Brujo de los Andes”, que es como se conocía a Cáceres por sus
hazañas militares contra los Chilenos, rechazó indignadamente la oferta y
rompió las negociaciones.
§
Posteriormente
en Diciembre de 1885 obliga a Iglesias a renunciar. Por otro lado
Piérola preparaba su insurrección.
§
Cáceres gana las elecciones pero no se
distingue mucho de los caudillos militares anteriores. Sus dos mandatos son:
1886-1890 y 1894-1895.
§
El gobierno chileno trata de sobornar a Cáceres
para que desbarate acuerdos financieros, quien se da cuenta de que era una
trampa para conseguir sus intereses.
§
Para permanecer en el poder Cáceres se ve
obligado a alimentar una camarilla conformada por personas del séquito militar
que lo ayudó a capturar el poder.
§
La popularidad de Cáceres comienza a decaer
hacia enero de 1891, y se hace de una fortuna privada, no obstante que había
llegado al poder sin nada, mientras que el tesoro se encontraba en bancarrota.
§
Michael P. Grace, negociador y piedra angular
del arreglo con los acreedores extranjeros del Perú conocido como el contrato
Grace.
§
M.P. Grace mantuvo relaciones amistosas y
estrechas con cada uno y todos los gobiernos que iban llegando, lo cual era un
signo de la gran corrupción que se vivía.
§
Todos estos contratos de empréstitos al Perú,
que no tenía como devolverlos, se traducen en cesiones de líneas ferroviarias u
otras concesiones a largo plazo empeñando al país.
§
Se argumenta que el verdadero héroe de la
reconstrucción nacional fue Nicolás de Piérola, quien rectificó sus errores del
pasado y lidió con un país “empírico, desorganizado e improvisado”.
§
Sin embargo, Manuel Gonzales Prada lo
clasifica como uno de los peores líderes políticos de la historia, al no ser
capaz de cambiar sus errores anteriores, y ser uno de esos políticos nacido
para la ruina y vergüenza de su gente, pues con una mano dejaba manchas de
sangre, y con la otra, rastros de lodo.
§
La conexión privada y corrupta con Grace y
Dreyfus, fueron denunciadas por diferentes entidades hasta por su
correligionario Guillermo Billinghurst que en una de sus cartas de 14 páginas
denuncia la corrupción en préstamos y demás hechos.
§
Para reinventar las estrategias corruptas del
Califa, aparece otro candidato que fue Augusto B. Leguía.
4.4.
Leguía y los civilistas
§
Los herederos de la organización fundada por
Manuel Pardo en la década de 1860 fueron capaces de derrotar a Piérola a largo
plazo. A comienzos del siglo veinte, los civilistas se encontraban liderados
por una nueva generación de hombres como Manuel Candamo y José Pardo, lo que
contribuyó a que el país alcanzara un grado de modernización institucional.
§
Se llega a acusar a los civilistas de
corrupción, pero comparados con la que hubo en los gobiernos de Piérola y
Cáceres fue marcadamente inferior a éstos.
§
Unos cuantos casos flagrantes de corrupción
fueron hechos públicos durante el gobierno de transición de López de Romaña
(1899-1903). Tal vez el más importante y documentado fue el que involucró al
empresario Mariano A. Belaunde, cercano amigo del presidente y su ministro de
hacienda, además de amigo político de Piérola y vínculo sólido entre López de
Romaña y el ex -presidente demócrata.
§
Actuando oficialmente como ministro de
hacienda , usó letras de cambio de su propia compañía para transferir a Europa
fondos oficiales por 500,000 francos, con el objeto de comprar armas para el
ejército peruano.
§
Los corresponsales europeos, no aceptaron sus
letras desatando un gran escándalo político y financiero.
§
Los civilistas fueron liderados por Manuel
Candamo y José Pardo, alcanzando una modernización institucional. Siempre
fueron acusados de corrupción.
§
El gobierno de López de Romaña, fue acusado de
uno de los actos mejor documentados como el que involucró a Mariano A.
Belaunde, que usó en 1899 letras de cambio de su propia compañía para
transferir a Europa fondos oficiales, no siendo aceptada la operación, por los
corresponsales europeos, produciéndose un gran escándalo financiero y Belaunde
fue acusado de “malversación por imprudencia temeraria”, y enjuiciado.
§
El pueblo solicitaba el encarcelamiento de
Belaunde, y dadas sus conexiones con Piérola, también protestaban contra éste.
§
La fisura entre López de Romaña y Piérola se
intensificó con las recompensas y concesiones hechas al general Cáceres en el
exilio, así como a sus seguidores militares en el Perú.
§
Manuel Candamo fue elegido presidente luego de
establecer una alianza estratégica con el militarista y Cacerista Partido
Constitucionalista.
§
José Pardo fue elegido presidente ante la
súbita muerte de Candamo y continuó favoreciendo a Cáceres, y a sus seguidores
militares. Cándamo y Pardo desarrollaron una estrategia financiera común
diseñada por Augusto B. Leguía, el ministro de hacienda y primer ministro,
quien sirviera a ambos gobiernos. La recuperación económica del país se
intensificó especialmente bajo el gobierno de Pardo.
§
Leguía a través de su matrimonio y el de sus
tres hijas e hijos Augusto, José y Juan, estuvo emparentado con importantes
familias. Su gobierno se caracterizó por grandes gastos militares y navales,
representado por su primer ministro Melitón Porras.
§
Su protección a Cáceres, a quien hizo
embajador en Roma y posteriormente en Berlín aparte de muchas otras gollorías,
dio mal aspecto a su gestión ya que Cáceres simboliza la corrupción cínica y la
ausencia de todo sentido moral.
§
En efecto, Leguía accedió a los pedidos
militares para incrementar el gasto de defensa, que alimentó las comisiones
ilegales y las coimas a oficiales y proveedores extranjeros. En 1909 el
ministro de Guerra Pedro Muñiz, logra que se mantenga el máuser como el fusil
oficial, en lugar de remplazarlo por el japonés. Se compran buques torpederos y
submarinos franceses incrementando innecesariamente la deuda externa, ya que
las compras estaban sobrevaloradas.
§
Leguía fue muy cuestionado durante su mandato
por hechos de dudosa moralidad, y consolidó un grupo de respaldo cuya principal
recompensa fue la corrupción institucionalizada.
§
Las elecciones presidenciales de 1912, le
ofrecieron a Leguía otra oportunidad de aplazar su salida del poder y asentarle
otro golpe devastador a su ex -agrupación, el partido Civil.
§
Un nuevo candidato apareció en escena, el
ex-pierolista Guillermo Billinghurst, y quien logró interrumpir la votación que
consideraba fraudulenta, para que posteriormente el congreso refrendara el
acuerdo Leguía- Billinghurst. y nombrar como vice-presidentes a Roberto Leguía
y a Miguel Echenique.
§
El nuevo mandatario denunció el catastrófico
estado de las finanzas nacionales, negándose a honrar contratos dejados por
Leguía.
§
Billinghurst fue depuesto dos años después,
por el coronel Oscar R. Benavides y sus amigos Jorge y Manuel Prado Ugarteche.
§
Posteriormente Benavides es denunciado de
enriquecimiento sorprendente, que permite a su familia cancelar simultáneamente
varias hipotecas.
§
Javier Prado, intimo aliado de Benavides y
Mariano Ignacio Prado, fueron descritos como empresarios inescrupulosos y
políticos de dudosa moral.
§
Mientras tanto, Leguía, desde su auto- exilio
en Londres, planeaba su retorno político, e incitaba a Victor Larco Herrera y
otros candidatos que se unieran al movimiento reaccionario.
§
El segundo gobierno 1919-1930 comienza sin
oposición institucionalizada.
§
En 1921 se celebra el centenario de la
Independencia con suntuosas celebraciones, gastos excesivos y derroche de
fondos públicos, no obstante, la baja de las exportaciones. Se erigen nuevos
edificios públicos y monumentos patrióticos y regalan un edificio completo a la
Embajada de España, amén de otras cosas. El contrato Marconi fue objeto de
investigación parlamentaria por ineficiencia y corrupción, además de otros.
§
La corrupción prevaleció durante todo el
periodo y los malos ejemplos fueron dados por los ministros y empleados
públicos de alto rango, que amasaron fortunas. Se cita cantidad de nombres
conocidos como un “séquito de aprovechados”, y los amigos y parientes de Leguía
se encontraban en la cima de esta cadena informal.
§
Los contratos de compra de armas, submarinos,
aeroplanos, etc. estuvieron expuestos a la constante corrupción, como por
ejemplo el reporte del embajador británico sobre irregularidades en la venta de
destructores y material de guerra al Perú.
§
Hubo críticos notables a los abusos de Leguía
como Manuel Vicente Villarán y Victor Andrés Belaunde.
§
El 22 de agosto de 1930, se levanta en
Arequipa el comandante Luis M. Sanchez Cerro, opositor pero también
beneficiario de recompensas y ascensos concedidos por el régimen, desatando la
caída de Leguía, a pesar de verse obligado a los tres días a renunciar ante una
junta militar.
§
Leguía y su hijo Juan fueron encarcelados y
enviados al frontón y posteriormente juzgados por los más graves cargos de
corrupción.
4.6.
Sanciones ineptas
§
Al ser proclamado jefe de estado, Sanchez
Cerro, anunció el castigo a los corruptos y rescatar los valores de la
administración pública. Para tal fin se creó el Tribunal de Sanción Nacional
para investigar, juzgar y castigar el abuso de cargos públicos, los contratos
gubernamentales y el enriquecimiento ilícito. De 664 acusaciones formales, solo
el 11% fue procesado (75) y sólo 10 (1.5%) resultaron en condenas y
confiscaciones. La mayoría de ex autoridades imputadas como corruptas fueron
exoneradas, castigadas levemente o calificadas como inocentes.
§
Se emplearon subterfugios legales como
presunción de inocencia, retroactividad, interferencias, cargos contra el
tribunal, objeciones a la naturaleza constitucional del tribunal, afectaron su
capacidad y legitimidad, que incluso fue tildado de motivaciones políticas.
Aunque en las denuncias recibidas se anotaban transgresiones con los contratos
públicos, concesión de monopolios, comisiones, préstamos externos, obras
públicas, venta fraudulenta de tierra del estado y protección de la venta de
opio y el juego.
4.7.
Legados duraderos
§
El oncenio de Leguía fue claramente el más
corrupto de la era de la modernización y compite con los niveles de corrupción,
alcanzados posteriormente por los regímenes de las décadas de 1970 y 1990.
5.
Dictadores venales y pactos secretos,
1931-1962
La reconstrucción del orden institucional, después del oncenio de
Leguía, llevaría a constantes choques políticos que sirvieron de cortina de
distracción para los tratos ilegales en las compras de armas y en el manejo de
la deuda externa. A veces la búsqueda de pactos políticos trascendió las
fronteras: Como cuando en 1936, de acuerdo con el investigador, los apristas
intentaron convencer al presidente boliviano de aquel entonces para que les
ayudase a derrocar a Óscar R. Benavides. En caso de triunfo, los complotados
antiimperialistas prometían que nuestro país «no se opondría a que Chile
cediera a Bolivia una salida al mar a través de territorios que habían sido
peruanos».
Y así, en ese contexto histórico de política oportunista y
clientelista y supuestos líderes patriarcales en cada página del detallado
estudio, salta la pregunta sobre si acaso la falta de escrúpulos y la
corrupción no son excesos del poder sino más bien algunos de sus fundamentos.
§
En 1930, el historiador Jorge Basadre (1903-1980)
presenció el derrumbe del régimen de Leguía, y la apertura de una crisis
política y social de grandes proporciones agravada por la depresión
económica y el surgimiento de nuevos
actores populares.
§
Basadre fue perseguido durante el oncenio por
sus actividades reformistas y antigobiernistas como dirigente estudiantil.
§
Basadre constata la destrucción de los
partidos políticos tradicionales y salen a relucir dos nuevos adversarios
políticos: el teniente coronel Luis Sánchez Cerro y la nueva radical Apra.
(Alianza popular Revolucionaria Americana) dirigida por Victor Raúl Haya de la
Torre. Basadre discrepa con ambos, que discurren a nuevas formas de corrupción
para alcanzar sus metas políticas.
§
En 1931 gana las elecciones Sánchez Cerro,
quien dicta la clausura de la Universidad de San Marcos. Basadre se va del país
y regresa solo en 1935 cuando la universidad abre sus puertas nuevamente.
§
Basadre fue testigo de sucesivas dictaduras,
escandalosos fraudes y pactos secretos, mientras persistía la corrupción.
5.1.
Un coronel populista frente al APRA
§
Sánchez Cerro manifiesta su intención de
limpiar la Administración Pública y apresa a Leguía y a su hijo Juan,
confiscando sus propiedades.
§
Sánchez Cerro no cuenta con un partido
organizado y es rechazado desde Dentro de las fuerzas armadas, y aparece un
político: Samanez Ocampo, respaldado por el ambicioso teniente coronel Gustavo
“zorro” Jiménez.
§
Sánchez Cerro, durante su corto gobierno da
empleo a toda su familia y salen a relucir sus hermanos J. Hortensio y Pablo
Ernesto.
§
Salen a relucir también Francisco Lanatta,
abogado de reputación cuestionable y Luis A. Flores para defender la
candidatura de Sánchez cerro y se forma un nuevo partido, la “Unión revolucionaria”
(UR).
§
Entretanto prepara su regreso del exilio, Haya
de la Torre que había formado su partido en Méjico con el nombre de (PAP)
Partido Aprista peruano.
§
Se produce un intento de asesinato a Sánchez
Cerro, encarcelamiento de Haya y un sangriento levantamiento aprista en
Trujillo dirigido por Agustín Haya de la Torre, (Cucho) donde mueren más de mil
personas.
§
Ocurren cantidades de actos delictuosos
durante el corto régimen hasta que Sánchez cerro es asesinado por un aprista de
17 años, y nombran a Benavides como remplazo, a pesar de estar prohibido por la
ley que un militar en estado activo entrase al poder.
5.2.
Restauración con Benavides
§
Benavides pide la colaboración de todos los
políticos y llama a su amigo Jorge Prado Ugarteche como primer ministro. Libera
a Haya y logra recuperación económica de la producción y exportaciones.
§
Prado es remplazado por José de la Riva Agüero
como ministro.
§
Un aprista de 19 años, asesina a los esposos
Miró Quesada, generando problemas políticos a Benavides, quien nombra un
gabinete militar.
§
El principal enemigo de Benavides era Luis
Flores, de la UR, apodado “el camiseto”por usar camisas negras, símbolo del
partido Fascista Italiano, liderado por Benito Mussolini.
§
Aunque el Apra continuaba siendo ilegal, se
concede la excarcelación de Haya, quien
visita a Benavides a su salida de la prisión e inicia conversaciones con éste.
§
En 1939, Benavides apoya a Manuel Prado
Ugarteche, quien sale elegido en las elecciones, pese al pacto de Haya con
Flores, para apoyar a José Quezada.
§
Prado llega a ganar las elecciones dada la
desorientación de los votantes apristas, combinadas con una dosis de fraude
electoral. Las elecciones restringidas, arregladas y fraudulentas de 1936 y
1939, sembraron las semillas de procesos electorales similares, especialmente
en 1950, 1956 y 1962. Estos sancionaron resultados poco democráticos y la
continuidad de corruptelas en la Administración Pública.
§
La restauración de Benavides puede también ser
entendida como una “normalización” de los elevados niveles de corrupción
heredada y persistente.
5.3.
Política de guerra sin principios
§
En diciembre de 1939, Prado asume el mando
durante la segunda guerra mundial. Basadre publica su “primera Historia General
de la República del Perú”.
§
Se descubre que el Director de Gobierno César
Cárdenas García y el Prefecto de Lima, recibían sendos sueldos por permitir el
contrabando.
§
En 1942, El ministro de Gobierno, Guillermo
Garrido Lecca, fue denunciado por comercializar arroz, contribuyendo a la
escasez pública. Así mismo David Dasso, ministro de Hacienda, es denunciado por
contribuir a ganancias excesivas en una compañía de madera de su familia.
§
Se produce la asonada de mayo de 1940 contra
propiedades japonesas.
§
A raíz de la guerra saltan a relucir muchos
casos de corrupción de gente que lucró con ésta en provecho propio, y
apropiándose de pertenencias japonesas.
§
Prado apoya al general Eloy Ureta, pero en en
enero de 1945, Benavides publica un manifiesto urgiendo la candidatura de un
civil honesto y la unidad de las fuerzas armadas, en lo que era un evidente
rechazo tanto a Prado como a Ureta. Esta sagaz medida de Benavides, favorece al
partido aprista, quien negocia con el Frente Democrático nacional, cuyo
candidato era José Luis Bustamante y Rivero
5.4.
Transición en la cuerda floja
§
Inmediatamente después de asumir el mando,
Bustamante busca “limpiar la casa “y adopta una serie de medidas, para
inclusive despedir a funcionarios deshonestos. Basadre es nombrado Ministro de
Educación.
§
Basadre descubre una trama para defraudar al
estado con aproximadamente el 40% del valor de un número considerable de
pupitres escolares.
§
Basadre concluye que los “Burócratas del
estado consideraban que el enriquecimiento ilícito mediante la corrupción, era
una actividad normal”
§
El Apra combate a Basadre con la finalidad de
poder tener el control de varios ministerios claves. El Apra gana el 50% de los
escaños del congreso y aprueba una amnistía que beneficiaba principalmente a
apristas presos.
§
Las serias diferencias de Bustamante y su
primer ministro, Rafael Belaunde, de cómo manejar las violentas manifestaciones
apristas llevan a la renuncia de Belaunde. En enero de 1946 le entregan más
ministerios al Apra, pero se termina con escasez de productos y descontento
popular, y el impago de la deuda externa.
§
El director de “La Prensa” Francisco Graña
Garland, es asesinado por apristas y Bustamante termina rompiendo abiertamente
con el Apra, para luego cometer el error de formar un gabinete militar.
§
En octubre de 1948, se produce la revolución
naval del Comandante Mosto, que iba a ser apoyada por el Apra y posteriormente
en el mismo mes, la del general Odría
que había sido su ministro de gobierno y exjefe del estado mayor del ejército.
5.5.
La recompensa del general Odría
§
Siguiendo los ejemplos anteriores de Cáceres,
Benavides y Sánchez Cerro, un líder militar se levanta nuevamente para
“restaurar” y “rescatar” la política peruana de la inestabilidad extrema y del
conflicto interno. Odría dio a su golpe el contradictorio título de la
“Revolución Restauradora”.
§
El Apra la apoyó al comienzo, y Pedro Beltrán
proporcionó conocimientos de política económica.
§
Beltrán riñe abiertamente contra la dictadura
de Odría y su séquito militar. Odría entonces procede a amañar las elecciones
de 1950, que posiblemente fueron las más fraudulentas de la política peruana.
Esta maniobra le permitió gobernar hasta 1956, caracterizándose por aumentos a
los militares y al presupuesto de defensa y tratar de conquistar al pueblo
permitiendo la toma ilegal de terrenos baldíos. Los grandes gastos del erario
fiscal, empujaron hacia la devaluación de la moneda.
§
Haya de la Torre se asila en la Embajada
Colombiana, Odría rehúsa otorgarle el salvoconducto y Haya permanece asilado
hasta 1954.
§
La corrupción campea durante el gobierno de
Odría y se enriquecen muchos odriistas. Se produce el “golpe” del ambicioso
general Noriega, quien es exiliado.
§
En diciembre de 1954 el conocido historiador y
ex diplomático Raúl porras Barrenechea criticó públicamente la demora en la
reconstrucción del Cuzco, tras el terremoto de 1951.
§
Según Bustamante, el gobierno de Odría tenía
un sistema de “comisiones”, “participaciones” y “primas”, para otorgar
contratos en obras públicas. Odría intensifica su juego electoral deshonesto,
encarcela a Pedro Beltrán, pero se ve amenazado por inminentes conspiraciones
militares.
§
Mantiene conversaciones con Ramiro Prialé,
jefe del partido aprista y trata de apoyar a Hernando de Lavalle, que fue
rechazado por los votantes por considerársele candidato de Odría.
§
Manuel Prado regresa de París para negociar la
promesa de una amnistía y le promete a Odría y a sus ministros inmunidad contra
las acusaciones de corrupción y actos inconstitucionales. Este pacto secreto y
turbio le asegura a Prado el triunfo a pesar del vigoroso éxito obtenido por el
arquitecto Fernando Belaunde Terry.
5.6.
Perdonar y olvidar
§
Una de las primeras leyes de Prado en 1956 fue
la amnistía política general, que protegía no solamente al APRA sino a Odría y
su séquito.
§
En el gobierno de Belaunde, salen a relucir
las sospechas de transacciones, malversaciones y corruptelas durante el
gobierno de Odría.
§
Los déficits presupuestarios se incrementaron
en 1957 y 1958, la moneda fue devaluada en 30%
§
Augusto Thorndike ministro de Hacienda
fue retirado del gabinete en 1958, debido a sus tráficos de influencias. Había
vendido 170 licencias tributarias de importación a concesionarios de
automóviles europeos. Otro escándalo fue la exoneración de impuestos para
22 senadores y 67 diputados.
§
El escándalo más dañino para Prado fue la
firma de un contrato por 200 millones de soles con la International Electric
Corp. De N. York., para modernizar la red de teletipos del gobierno, sin
licitación previa. Carlos Ledgard Jimenez, Carlos Carrillo Smith y varios
parlamentarios fueron considerados responsables de haber permitido estas
transacciones
5.7.
Reformas pospuestas
§
Fernando Belaunde y Pedro Beltrán eran los
críticos más conspicuos del gobierno de Prado. Ambos enfatizaron la necesidad
de vivienda y de una reforma agraria, así como la moralización de la Administración
Pública.
§
Se revelan documentos secretos firmados por
Ricardo Alonso, Embajador de Cuba en el Perú, donde se implican cantidad de
políticos, parlamentarios, dirigentes estudiantiles y activistas de izquierda
como agentes, pagados del gobierno Cubano.
§
Justo antes de las elecciones presidenciales
de junio de 1962 la oposición Belaundista denuncia el fraude electoral que iban
perpetrando los partidos en el poder. Pesquisas judiciales confirman la
falsificación de padrones oficiales de votantes obtenidos ilegalmente en las
oficinas del APRA y el MDP
6.
A saltos a la democracia, 1963-1989
Entre 1963 y 1989 la corrupción de nuevo reinó. Un ejemplo de
ellos se encuentra en los militares y su clásico modelo de gobierno, a través
de decretos ejecutivos en donde la ineficiencia y la corrupción llevaron a
constantes déficits, de nuevo financiados con sospechosos contratos de deuda
externa, costumbres que no fueron ajenas al gobierno populista de Alan García,
que dejaría al país sumido en una fuerte crisis económica.
o
En el Perú, “Ser honesto es como ser un
leproso” decía Héctor Vargas Haya, ex parlamentario que dedico su vida a la
investigación de casos de corrupción en la Administración pública.
o
Al igual que Basadre, fue testigo de este
fenómeno desde el interior mismo del sistema político.
§
Fernando Belaunde, candidato reformista de
Acción Popular, con el apoyo y alianza del partido Demócrata Cristiano. Durante
su gobierno, existió favoritismo y tráfico de influencias en los contratos del
gobierno. (Ministro de Fomento y Obras públicas).
§
La firma “Socimpex” cobró excesivamente por
concepto de intereses, más de 10 millones de dólares al gobierno peruano.
Tratan de sobornar a Vargas Haya, quien presenta cargos contra el frustrado
sobornador.
§
Se descubre el contrabando en barcos de la Marina peruana (1962-1965)
que fue solucionado con el despido de oficiales subalternos.
§
A pesar de existir informes bien documentados
y perceptivos, el gobierno de Belaunde fue inicialmente considerado como uno de
los más limpios en la historia del país.
§
Belaunde tenía la imagen proyectada de un
presidente incorruptible que exigía cabal integridad a sus ministros y
funcionarios, sin embargo, después de 3 años, la situación fiscal mostraba
alarmantes señales de un mal manejo debido a gastos públicos excesivos sin un
incremento correspondiente en los ingresos fiscales.
§
La reforma tributaria prometida, de
incrementar impuestos directos y disminuir los indirectos, fue combatida por la
coalición “Apra- Uno”. Los préstamos extranjeros fueron limitados e incluso
paralizados, debido a la intensificada disputa con la IPC y la compra de
aviones Mirage. Los déficits fiscales fueron cubiertos con la expansión
monetaria, la cual llevó a inflación y devaluación del sol en noviembre de
1967. El prestigio del gobierno se derrumbó precipitadamente. A comienzos del
1968 aumentan los rumores de un extenso contrabando asistido por funcionarios
del gobierno.
6.2.
El escándalo del contrabando
§
En febrero de 1968 los diarios anuncian la historia
del sensacional aterrizaje clandestino de un avión de carga de Rutas
Internacionales Peruanas (Ripsa).
§
Poco después se denuncian otros casos en la
prensa y en el congreso.
§
Estos escándalos dañaron la imagen del
gobierno Belaundista y de las fuerzas armadas.
§
Una comisión multipartidaria encabezada por
Vargas Haya, fue formada para investigar el contrabando que implicaba a
funcionarios del gobierno, a empresarios civiles, y a la policía aduanera. Se
reciben más de 500 páginas de denuncias. La escala de redes de contrabando con
protección oficial, era más grande y seria de lo sospechado.
§
El senador Cornejo Chávez se refiere a un
informe oficial ya revelado por La Tribuna en 1966 denunciando un extenso
contrabando a bordo de naves de la Armada Peruana.
§
El vicealmirante Raúl Delgado, ministro de
Marina admite el problema y promete llevar a corte marcial a los responsables
de la mercadería ilegal encontrada en la carga del BAP Callao en 1965.
§
Se produce la salida del almirante Texeira que
había firmado contratos para arrendar el BAP “Callao” y usarlo para importar
mercancía de contrabando. Texeira protegió varios viajes de la nave. La
mercancía estaba destinada a los Bazares de la marina, el ejército y la fuerza
aérea.
§
Otro caso similar se encuentra en el BAP Chimbote
en 1964, y acusan a un ex ministro de
gobierno y a un General de La Republicana.
§
Texeira es condenado, y cumple su pena de
prisión, pese a los intentos de la marina de desestimar el caso!
§
El diputado Martínez, conviene con el
empresario Markewitz, para importar autos MERCEDES BENZ sin impuestos, y
venderlos con enorme ganancia.
§
Salta otro escándalo que involucra al tío de
Belaunde, Carlos Muñoz, quien había sobornado oficiales de la Policía de
investigaciones para asegurar el despacho de contrabando en la aduana, y el
cobro de coimas.
§
Victor Guillen, militante de AP. Es nombrado
perito de aduanas y adquiere casas y edificios comerciales, importando
mercadería subvaluada. La lista de sobornos implicaba a Muñoz, Chaparro Melgar
y otros funcionarios.
§
Encuentran culpable a Campos Montoya, alto
director de la PIP, que protege el caso Ripsa. Aparentemente casi toda la
administración de aduanas estuvo comprometida.
§
Nombran al General Francisco Morales Cerruti,
como ministro de Hacienda con el encargo de manejar la investigación de aduanas
y el contrabando. ´
§
El General Morales Bermúdez aporta valiosas
evidencias al parlamento.
§
Oficiales de alto rango fueron implicados en
las denuncias, pero las autoridades de los Ministerios los declaran
“inocentes”.
§
Un informe de Velazco Alvarado exoneraba a
todos los implicados por insuficiencia de pruebas
§
Vargas Haya en su libro “Contrabando” estima
el costo total el contrabando y de las rentas tributarias no recaudadas en el
periodo 1963-1967 en 117,000 millones de soles. (en solo 4 años)
§
Para abril de 1968, la presión política
ejercida sobre los integrantes de la comisión investigadora era enorme.
Aumentan también los rumores de las personas de alto rango implicadas en el
escándalo del contrabando, incluyendo a parientes cercanos de Belaunde, a los
más importantes oficiales militares y a dirigentes de diversos partidos.
§
Los militares aumentan la presión, en
particular contra el demócrata cristiano Rafael Cubas Vinatea, prominente
miembro de la comisión investigadora.
§
En este momento crucial el General Doig
anuncia que el alto mando militar abandonaría el tradicional veto a Haya de la
Torre, desatándose la especulación de un compromiso entre los militares y el
APRA para evitar la revelación de los nombres de militares implicados. Vargas
Haya lo niega, pero en realidad, pertenecía al partido y estaba más allá de su
control revelarlo. En consecuencia,
Cubas Vinatea renuncia a la comisión investigadora.
§
El escándalo del contrabando agravó la crisis
política del régimen y de los partidos y facciones que lo apoyaban. El ministro
de Hacienda, Morales Bermúdez, renunció en mayo.
§
Belunde encuentra un valioso apoyo político al
nombrar a Manuel Ulloa Ministro de Hacienda, para negociar un acuerdo temporal
con el APRA y resolver algunos problemas
fiscales.
§
En estas condiciones sumamente críticas, era
interés del APRA apuntalar a Belaunde hasta las elecciones de 1969, que ellos
creían daría el triunfo a Haya de la Torre. El escándalo del contrabando
amainó, pero pronto aparece otro gravísimo escándalo relacionado con el
petróleo y la IPC.
§
Un contrato se firma con la IPC, firmado por
Fernando Espinosa, y Carlos Loret de Mola por la Empresa Petrolera Fiscal.
§
Sin embargo, semanas después se desata la
crisis final del gobierno de Belaunde, al declarar Loret de Mola en la TV, que
al contrato le faltaba la infame página once, que él mismo había rubricado y
que fijaba el precio del petróleo que la EPF vendería a la IPC para su
refinamiento. Un grupo militar aprovecha el escándalo para llevar a cabo un
golpe de estado, que trajo consigo cambios drásticos en la conformación
política, social y económica del país y sus instituciones.
6.3.
“Revolución” militar
§
El 3 de octubre de 1968 deponen a Belaunde y
ocupan el congreso los militares, saqueando las oficinas y la documentación de
investigación del contrabando.
§
Vargas Haya escribe un libro sobre la comisión
investigadora del contrabando, y para publicar evidencia sobre los militares.
En 1970 agentes de la policía secreta incursionan en los talleres donde se
venía imprimiendo la primera edición para confiscar y destruir el libro, todo
ordenado por Velazco Alvarado.
§
La segunda edición, solamente aparece cuando
Velazco Alvarado había dejado la presidencia en 1976.
§
Vargas Haya sostiene que los jefes del golpe
militar tuvieron dos objetivos: 1)
Enterrar la evidencia de la participación de los militares y 2) Frustrar el acceso del APRA al poder.
§
El gobierno de Velasco se caracteriza por
formar su grupo de amigos fieles llamados “altecos”, gozando de influencias, y
uno de los más conspicuos fue Enrique León Velarde, acaudalado político que
ayuda a colocar alcaldes mediante la “dedo-cracia” y regresan a las prácticas
corruptas que caracterizaron a los gobiernos locales en la era pre- Belaunde.
§
Se reorganiza el Estado mediante una serie de
decretos leyes, que aumentan la centralización del poder y la autoridad
personal de Velasco y su sucesor Morales Bermúdez.
§
Usan como detonante de la demolición judicial
el arresto de un juez que intenta contrabandear diamantes a E.U., usando su
pasaporte diplomático, y en base a esto despiden jueces experimentados y
honrados, remplazándolos por magistrados mediocres y corruptos.
§
El caso más conspicuo de ineptitud económica
fue el manejo de la industria pesquera por empleados estatales, depredando la
masa pesquera y disminuyendo la pesca de la alguna vez boyante industria de
exportación de harina de pescado, la cual se vio seriamente afectada.
§
De igual manera, la reforma agraria de 1969
alabada en ciertos sectores, constituyó una caída de la productividad agrícola,
que redujo las agro exportaciones y generó una mayor dependencia de las
importaciones de alimentos, sin llegar a resolver los problemas de la inmensa
mayoría de los trabajadores del sector agrícola.
§
Los abusos y la corrupción en la
implementación de la reforma y en el manejo de las recién formadas cooperativas
agrícolas, se extendieron.
§
Quebraron capitalistas nativos como los grupos
Prado y Aspíllaga que representaban conglomerados de carteras diversificadas
más allá de la agricultura y la exportación.
§
La mayoría de las Empresas estatales
(PETROPERÚ, MINEROPERÚ, EPSA, PESCAPERÚ, SEDAPAL, y la CÍA Peruana de teléfonos
resultaron ser muy ineficientes. Y acumularon pérdidas que el gobierno
financiaba a través del crédito y de préstamos externos. Todo esto fue parte de
una gran corrupción.
§
El control ideológico y represivo ejercido
sobre la prensa se hizo absoluto con la expropiación de todos los medios de
comunicación masiva en 1974.
§
El temor a la represalia acalló muchas voces.
En resumen: Existió una corrupción ilimitada.
§
La compra de armas y materiales del extranjero
permitió recibir sobornos
§
Que enriquecieron a unos cuanto oficiales y
comandantes.
§
El informe oficial sobre la compara
aparentemente ventajosa de tanques y equipos militares soviéticos con bajo
interés y financiada a largo plazo, a se publicó. Del mismo modo los oficiales
militares gozaban de gollerías como el uso de autos con chofer y gasolina
gratis. Los políticos proteccionistas más estrictas adoptadas por el gobierno
militar no redujeron el contrabando, por el contrario, el ingreso ilegal de
importaciones prohibidas como automóviles, aparatos eléctricos y televisores a
color creció de modo evidente.
§
En octubre de 1974 estalla en la prensa
parametrada un gran escándalo que involucraba a EPSA en malversación de
fondos. Encarcelan al Gral. Valdez
Angulo.
§
El caso más evidente de malversación fue el
del Gral. Javier Tantalean Vanini, quien manejaba la Empresa Pesca Perú.
Malversan los fondos gastándolos en viajes en jets privados, equipos de futbol
y diversos lujos. Sale a relucir un grupo apodado “La Misión”, que desplaza a
los “Altecos”.
§
El General Morales Bermúdez depone a Velazco
del poder, en 1975. Encarcelan A. Tantalean y a León Velarde entre otros. La
corrupción se había tornado inmanejable para el nuevo gobierno que se iniciaba.
§
Moralez B. llamó a elecciones en 3 años,
después de que la Constituyente completó la nueva Constitución de 1980.
§
Belaunde fue elegido presidente por segunda
vez en 1980 en un contexto de escalada del terrorismo y narcotráfico, además
del dilema del trato con los militares y sus apremiantes demandas por conservar
sus privilegios, recursos e inmunidad bajo la recién restaurada democracia
civil.
6.4.
Negligencia benigna
§
El régimen de Belaunde en julio de 1980 contó
con el gran respaldo de la mayoría de la ciudadanía, consiguiendo la mayoría
del congreso también.
§
Al inicio de su gobernó no se dedicó a una
campaña de moralización ni tampoco inventarió las adversas condiciones
financieras, sociales e institucionales heredadas.
§
Por el contrario, se dedicó a apaciguar a los
militares, declarando no tener intenciones de represalias ni restituciones, y
estableció un acuerdo pragmático con el General Hoyos Rubio. Les garantizó a
las fuerzas armadas inmunidad por delitos previos a cambio de que se limitaran
a la esfera puramente castrense.
§
Este pacto de modus vivendi tuvo serias
consecuencias políticas y económicas posteriormente.
§
Tras la escaramuza con Ecuador en 1981, y la
venta de aviones caza usados a Argentina durante el conflicto de las Malvinas
en 1982, les da luz verde a los militares para comprar una flota de modernos
cazas Mirage 2000 por 870 millones de dólares financiados a un alto interés,
cuyo elevado gasto choca con el programa económico liberal que el gobierno
intentaba aplicar.
§
Belaunde se asiste por el grupo denominado
“Dinamo” encabezado por Manuel Ulloa y él se concentra a diseñar costosos
proyectos públicos que contradecían las políticas de reducción del déficit.
§
Una facción liderada por Javier Alva
Orlandini, presionaba por aumentar el gasto público. Se incrementa notablemente
la deuda externa.
§
A fines de 1982 pierde importancia el congreso
y diversos factores contribuyen a la erosión de su respaldo político, y también
a una galopante inflación. La deuda externa crece en 40 millones de dólares, y
se presentan desastres climáticos.
§
Sendero luminoso intensifica violentos ataques
y asesinatos. Su crecimiento no se controló debido a la ineficiencia y
corrupción de notorios Generales de la Policía de Investigaciones vinculados al
cartel del narcotraficante Reynaldo Rodriguez López apodado “El padrino”.
§
Permite que los militares tengan el control de
las llamadas “Zonas de emergencia”y estos en lugar de pacificar la región
cometen abusos contra los derechos humanos. Se descubre la vinculación del
traficante Carlos Langberg,
§
Con un sector de la cúpula del APRA.
§
El narcotraficante Guillermo Cárdenas Dávila
“mosca loca”, asombra a todos con una audaz promesa de pagar la deuda externa
peruana si se le permitía operar con tranquilidad. Cinco jueces lo liberan,
pero la indignación ciudadana hace revertir su decisión y es sentenciado a 20
años de prisión falleciendo en la cárcel durante un motín en 1984.
§
La corrupción reinante en el segundo gobierno
de Belaunde y su negligencia benigna, influyen en la democracia liberal y dan
lugar al intervencionismo estatal del joven candidato aprista Alan García
Pérez, quien prometió honestidad y medidas urgentes para superar la crisis.
6.5.
Los medios de Alan García
§
La toma del mando de García en julio de 1985
se recibe con grandes expectativas. Por primera vez el partido aprista domina
el ejecutivo y logra mayoría en el congreso. Era la oportunidad para resolver
los problemas del Perú. Sin embargo, el gobierno aprista desaprovecha la
oportunidad de que el partido aprista se erigiera en salvador del Perú y hacer
el mejor gobierno de la historia.
§
Se establece claramente el distanciamiento
ideológico y moral que separaba a Alan García del reverenciado patriarca Victor
Raúl Haya de la Torre.
§
Es imposible resumir todas las descripciones
que hace el libro de Quiroz Norris, pero si hubiera que resumirlos en muy pocas
palabras, podríamos decir, corrupción, malos manejos y medidas desacertadas y
desastrosas para el país. Alan García se convierte en secretario general del
APRA y candidato Presidencial en 1984 y 1985 respectivamente.
§
Su interés fue manipular el manejo económico
para conseguir resultados políticos, lo que lo llevó a intervenir en el control
de precios, de importaciones y de divisas extranjeras. Todos ellos fuente
principal de abuso de poder discrecional a la vez que fomentaba el favoritismo
y el tráfico de influencias. Una docena de grupos empresarias nacionales cuyos
líderes fueron llamados “Los doce apóstoles” se beneficiaron con el acceso
privilegiado a las divisas extranjeras a una tasa subsidiada más baja, los
famosos dólares MUC (Dólar de Mercado Único de Cambio).
6.6.
Juicio frustrado
6.7.
Persistencia de los patrones de corrupción
§
El APRA mostró que su legendaria disciplina
interna y sus astutos abogados y sus conexiones internacionales, podían se
accedidos para mantenerse en el poder.
§
Después de 1992 el gobierno inconstitucional
de Fujimori ayudó indirectamente a la defensa legal de García, gracias a su
interferencia en un juicio torpemente manejado, cuyo resultado fue la
desestimación del caso contra el exiliado presidente.
§
García y sus asociados, se beneficiaron con el
continuo deterioro del sistema legal peruano, influido y corrompido aún más por
las fuerzas escondidas detrás del régimen de Fujimori.
§
Desde la década de 1960 hasta la de 1980, los
asaltos a la democracia revelaron las débiles bases institucionales, las
reformas incompletas y lo crecientes problemas sociales heredados desde la
década de 1950.
§
Pese a la voluntad de avanzar con una reforma
honesta, el primer gobierno de Belaunde quedó atrapado en un lodazal político
que finalmente produjo su caída. Belaunde estuvo sujeto a la influencia militar
y a la corrupción en las adquisiciones de las instituciones armadas. La
recalcitrante oposición parlamentaria encabezada por el apra, minó al régimen
retrasando reformas y medidas de política urgentes, agravaron la crisis
conjuntamente con la inflación reinante.
§
La investigación parlamentaria del extenso
contrabando se vio interrumpida por el golpe militar de 1968. Durante 12 años,
la Constitución, las Instituciones, las políticas públicas, la economía y los
medios de comunicación se vieron sometidos a la intervención y el control militar.
§
Un cronograma de transición fue aplicado para
devolver el poder a funcionarios electos en 1980.
§
Los medios de corrupción heredados del régimen
militar perduraron en la década de 1980 y comienzos de la del 1990, durante el
segundo régimen Belaundista y el primer gobierno de García.
§
El costo global de la corrupción creció
consistentemente en el periodo 1960-1989.
§
Sin embargo, los niveles más altos de
corrupción tuvieron lugar en la década de 1970. En consecuencia, podemos
considerar el régimen militar “revolucionario”, como el más corrupto del
periodo, seguido por el primer gobierno de Alan García.
§
El público debió enfrentar la inmensa ola de
corrupción que creció durante la “década infame” del depredador régimen de
Fujimori-Montesinos.
7.
Conspiraciones corruptas, 1990-2000
El último ciclo analizado por Quiroz no podía ser otro que el
registrado entre 1990 y 2000, comandado por el binomio nefasto
Fujimori-Montesinos, quienes, a través de la cooptación de todas las ramas del
poder público, tras el autogolpe de 1992, gozaron de plenas libertades para
hacerse con los fondos públicos en beneficio propio.
o
Alianzas políticas en el Congreso para
perpetuarse en el poder.
o
Copamiento de instituciones públicas.
o
Manipulación de las reglas electorales.
o
Espionaje y represión.
o
Psicosociales y concientización por un
«gobierno fuerte».
o
Políticas de amnistía.
o
Malversación de fondos de defensa y otros
ministerios.
o
Fiscalización nula de las administraciones
anteriores.
o
Favores de empresas extranjeras que financian
campañas políticas.
o
Licitaciones fraudulentas.
o
Relaciones con narcotraficantes y
contrabandistas de armas.
Las operaciones ilegales que influyeron en el proceso electoral de
1990, el inicio de un patrón sistemático de corrupción y violación de leyes,
fueron ampliamente reconocidas solo tras la caída oprobiosa de Fujimori y
Montesinos diez años después. Pruebas irrefutables muestran las múltiples
maniobras ilegales contribuyeron a la derrota electoral de Vargas Llosa, así
como a las victorias de Fujimori en todas las subsiguientes elecciones
fraudulentas realizadas en su mandato. Se involucran más de 1,600 personas en
las complejas redes de corrupción, y se enriquece un compacto grupo en la cima.
Hay una correlación entre la época que nos ha tocado vivir y el
fin de las ideologías y de la política: eso hace que el ejercicio del poder en
muchos países esté viciado con actos de corrupción. Encontramos corrupción en
la misma crisis económica de Estados Unidos: las agencias de calificación de
riesgo hicieron mal su trabajo con entidades aparentemente sólidas y confiables
que luego se derrumbaron. Algo así deja la sensación de que la política, como
servicio a los demás, es ahora una forma de aprovecharse de los recursos
ajenos. Alfonso W. Quiroz demuestra que Leguía no solo concentró casi todas las
prácticas de corrupción conocidas hasta ese momento, sino que al mismo tiempo
se convirtió en una suerte de modelo a seguir por varios presidentes del siglo
XX.
Por ejemplo, Manuel Prado Ugarteche gobernó en periodos marcados
por el derroche de recursos, favorecimiento ilegal a empresas extranjeras y
denuncias de narcotráfico (su director del ministerio de Gobierno recibía
sobornos de mafias de cocaína), Manuel Odría fue sindicado por enriquecimiento
ilícito, por financiar una policía secreta y por otorgar contratos de obras
públicas a cambio de favores políticos (incluso un asistente suyo fue
descubierto en el negocio de armas), Fernando Belaúnde fue aparentemente
permisivo (dado su interés en conservar el apoyo de las fuerzas armadas) con
casos de contrabando dentro de la Marina de Guerra, y Velasco Alvarado permitió
abusos y corrupción durante la implementación de la reforma agraria y el manejo
de empresas estatales como Petroperú y Pescaperú. Sobre esta última el
historiador dice: “Sus fondos se gastaron en viajes en jet privados, equipos de
fútbol y diversos lujos. Sus déficits fueron virtualmente ignorados puesto que
se sabía que el Estado los cubriría generando nuevas deudas”
La década de 1990 fue la que pareció ofrecer el mejor ambiente
para que se desarrollaran negocios turbios entre funcionarios del gobierno de
turno y compañías e inversionistas privados. El contexto de privatización de la
economía fue el escenario perfecto para malas prácticas entre una y otra
esfera.
En la investigación se recopila, por ejemplo, la irresponsable
ayuda financiera que se realizó con dinero del Estado para salvar de la quiebra
a dos importantes bancos, o el permiso que obtuvo una corporación chilena para
operar de forma industrial en una zona de Lima ecológicamente sensible a raíz
de las reuniones de sus dueños con el ex asesor presidencial Vladimiro
Montesinos, entre otros casos con bancos y transnacionales mineras hoy en
actividad en el Perú. A eso se suman los casi treinta decretos inconstitucionales
que un exministro de economía firmara para beneficiar a grupos económicos
cercanos al régimen fujimorista.
Ese mismo funcionario que, en el año 2000, firmaría un decreto
secreto con el cual se compensaba con quince millones de dólares a Vladimiro
Montesinos por servicios prestados al país.
7.1.
Remozando la corrupción
§
Un grupo de oficiales militares, inspirados en
la vieja tradición de intervención “Patriótica” había diseñado desde 1988, un
plan secreto para llevar a cabo un golpe contra el gobierno de García Pérez,
§
Los golpistas esperaban que la opinión pública
tolerara el golpe en medio del descontento general con la disfunción al
gobierno aprista.
§
Este plan no se materializó, pero fue adoptado
y modificado por el inescrupuloso jefe de espías, Montesinos, un ex oficial del
ejército, que había sido expulsado de éste, con influyentes conexiones en redes
corruptas.
§
Montesinos conoció a Fujimori en el transcurso
de la tarea encubierta asignada al SIN, de ayudar al candidato en su campaña
electoral de 1990.
§
Fujimori confió en Montesinos para que le
“resolviera” un serio problema de evasión tributaria, entre otras cuestiones
legales que amenazaban con arruinar la reputación y ambiciones presidenciales
de Fujimori.
§
(Los agentes de Montesinos colocaron una bomba
para asustar a un parlamentario opositor que había descubierto los incómodos
secretos de Fujimori. (Olivera)
§
Montesinos poseía planes dictatoriales, un
profundo conocimiento de los códigos de corrupción militar y judicial, vínculos
con la CIA y conexiones con carteles de drogas.
§
Provisto de éstos tenebrosos activos,
contribuyó decisivamente a la campaña electoral de Fujimori y logró obtener,
supuestamente, cuantiosas donaciones de dudoso origen.
§
A partir de estos oscuros orígenes, la
corrupción se propagó en casi todas las direcciones durante la década infame
del régimen de Fujimori. Montesinos logra posicionarse como secretario personal
o asistente de importantes militares y exjefes de inteligencia.
§
Edgardo Mercado Jarrín (1973-1974), Enrique
Gallegos Venero (1974-1975),
§
Jorge Fernández Maldonado (1976) , Guillermo
Arbulú Galiani (julio-agosto 1976),
§
Al asumir el mando Francisco Morales Bermúdez,
deponiendo a Velazco Alvarado, y triunfando sobre la facción izquierdista
liderada por los Generales Gallegos y Fernández Maldonado, el oscuro capitán
Montesinos fue perdiendo bases de influencia.
§
En 1976 abandona su puesto de un desierto
norteño, para viajar a Estados Unidos, usando una falsa autorización y el
auspicio de una beca del gobierno norteamericano, para líderes extranjeros
visitantes.
§
A su retorno es juzgado por viajar sin permiso
oficial, espionaje e insubordinación y confinado a una prisión militar por casi
dos años (1976-1978)
§
Montesinos estudia derecho en su prisión y se
recibe como abogado defensor de narcotraficantes. Se relaciona con carteles de
la mafia.
§
Su deseo de venganza hacia la facción militar
que lo encarceló motiva el desafío a los altos mandos militares, para lo cual
colabora su primo Augusto Zimmerman, exsecretario de prensa de Velasco.
§
Se ve obligado a huir del país en 1983 y vive
en Argentina hasta 1985, a su retorno le prohíben ingresar a cualquier
instalación u oficina militar.
§
Entre sus numerosos enemigos figura el mayor
José Fernández Salvatecci quien lo denunció como traidor y espía de la CIA.
Defiende como abogado a los implicados en “Villa Coca”, que gerenciaba “el
padrino” Reynaldo Rodriguez López, en 1985 y que denuncia a 72 personas entre
los que se encontraban militares, políticos y celebridades del espectáculo.
Interviene también defendiendo al General José Valdivia, acusado de violaciones
de los derechos humanos.
§
En 1989 Montesinos se acerca a Edwin Diaz,
jefe del SIN y consigue mediante argucias un prominente puesto en la comunidad
de Inteligencia. Se convierte en el asesor de confianza de Fujimori y en el
jefe de facto del SIN en 1990. El poder encubierto de Montesinos estaba más
allá de la supervisión o control institucional. En colaboración con un
presidente de vulnerable posición política, dispuesto a minar las normas
constitucionales y ejercer el poder ejecutivo sin límites, Fujimori no contaba
con un partido político coherente y sus partidarios no tenían mayoría en el
Congreso, además Montesinos aumentaba la inseguridad del presidente alarmándolo
con supuestas conjuras para deponerlo y asesinarlo.
§
La creciente corrupción, ligada al tráfico de
narcóticos entre las fuerzas policiales, ofreció la oportunidad al dúo
Fujimori- Montesinos, para reordenar rápidamente los escalones superiores de la
policía. En su discurso inaugural Fujimori lanzó una campaña moralizadora
contra la corrupción heredada y pasa al retiro a 135 altos oficiales de
policía, entre los cuales se encontraban muchos capaces y honestos.
§
Unos días antes el astuto Montesinos se había
reunido con funcionarios diplomáticos de Estados Unidos para filtrar
información de inteligencia sobre la complicidad con el narcotráfico de altos
oficiales de la policía y del séquito de Agustín Mantilla, ex ministro del
interior aprista. Los puestos dejados vacantes en el mando policial fueron
asignados a oficiales militares en claro viraje estratégico del papel que la
policía había alcanzado durante el régimen aprista en la lucha contra las
drogas y la subversión. Con esta medida, los programas antinarcóticos y
antiterroristas que recibían considerable asistencia de Estados Unidos para la
interdicción quedaron bajo control militar.
§
El objetivo práctico era purgar a los
oficiales con inclinaciones apristas, así como a los oficiales enemigos de
Montesinos, que pudiesen oponerse a las nuevas estrategias de corruptela.
Solamente querían gente dispuesta a contribuir al plan de Montesinos-Fujimori.
Es así que el servicio de inteligencia nacional era el que manejaba el gobierno
y el estado peruanos.
§
Los nuevos jefes militares incluían a
Generales y Almirantes que brindaron las bases preferidas por Fujimori y
Montesinos, para consolidar su régimen. El Gral. Jorge Torres Aciego pasó a ser
Ministro de Defensa en julio de 1990. El Vicealmirante Luis Montes Lecaros pasó
a ser jefe del Comando Conjunto. El Gral. José Valdivia (cliente de Montesinos
en el controvertido caso Cayara)
§
Sustituyó al disconforme Gral. Jaime Salinas
Sedó como comandante de la segunda Región Militar con base en Lima. El Coronel
Alberto Pinto Cárdenas, amigo personal de Montesinos, fue nombrado jefe de
Inteligencia del ejército. En Diciembre de 1991, El General Hermosa Ríos ocupó
el puesto de Comandante en Jefe del ejército, encima de otros Generales en
línea para el ascenso. Con éste último nombramiento Montesinos redondeó su red
informal dentro del alto mando militar, minando las normas de promoción
consagradas por el tiempo. Actuando como enlace extra-oficial entre Fujimori y
el comando militar,
§
Montesinos sentó las bases para el autogolpe
de 1992, deteriorando la eficiencia militar y el respeto por la constitución.
§
Los cambios estratégicos en el liderazgo de
las fuerzas armadas y policiales habrían sido difíciles sin la manipulación
previa del sistema judicial y de la Fiscalía de la nación en el Ministerio
público.
§
Así se ofrecía impunidad a militares aliados
frente a posibles procesamientos
§
Para éste fin,
Montesinos diseñó un sistema integrado por jueces, fiscales,
funcionarios de cárceles y oficiales de policía, perfeccionando ésta red entre
julio de 1990 y abril de 1992.
§
Una experta evaluación de USAID concluyó en
setiembre de 1991, que la crisis del sistema judicial era, bajo las presiones
de una corrupción a gran escala, el tráfico de drogas y el terrorismo, un campo
de cultivo para la violación de los derechos humanos.
§
Dos senadores norteamericanos conocidos,
informaron al presidente Bush , sobre su preocupación por las atroces
condiciones de los derechos humanos en el Perú, que se manifestaban en la
incapacidad de reducir durante cuatro años seguidos, las desapariciones
perpetradas por las fuerzas de seguridad.
§
Montesinos encontró la fórmula para
recompensar y mantener fieles a sus cómplices en designios ocultos.
§
El desvío ilícito de fondos oficiales de
defensa e inteligencia, los sobornos, las comisiones ilegales en las
adquisiciones de material militar y los cupos impuestos a las actividades del
narcotráfico en las zonas de la selva, controladas por los militares, fueron
los principales medios por los cuales se pagó el parcializado mando militar y
al séquito político de Fujimori.
§
Usando esas mismas fuentes de ingreso
Montesinos reforzó las operaciones encubiertas e ilegales dirigidas por el SIN.
7.2.
Dictadura cívico-militar
§
Desde el inicio mismo del régimen de Fujimori,
las crecientes redes encubiertas de inteligencia y militares operaron para
derribar los contrapesos constitucionales, parlamentarios y judiciales que
estorbaban el control autoritario del Estado.
§
Este objetivo se logró consolidar rotundamente
con el autogolpe de abril de 1992. Semejante golpe fue justificado
ideológicamente como necesario para conseguir la derrota del terrorismo.
§
El gobierno apoyaba la implementación de
políticas neoliberales al mismo tiempo que sustentaba una guerra sucia contra
la subversión y el terrorismo.
§
La corrupción era, pues el medio con el cual
alcanzar, consolidar y mantener el poder autoritario y abusivo. Este principio
distorsionado ha sido denominado la economía inmoral del Fujimorismo.
§
Fujimori había conseguido el apoyo del FMI
tras un avance en el arreglo de los problemas de la deuda externa heredados del
anterior gobierno, cuya negociación la condujo Hernando de Soto, utilizando sus
amplios contactos internacionales. Juan Carlos Hurtado Miller, el primer
ministro de economía de Fujimori, implementó en agosto de 1990 un drástico
paquete de ajuste que inició la tendencia al control de la inflación galopante.
§
Fujimori y Montesinos acudían a la
desinformación y a las campañas de manipulación o psicosociales propaladas por
medios de comunicación masiva. Fujimori y sus parlamentarios invocando
circunstancias de emergencia aprobaron facultades extraordinarias, delegando al
poder ejecutivo la capacidad de emitir reformas económicas y privatizaciones,
asuntos laborales y guerra contra el terrorismo. Esto permitió a Fujimori
ampliar sus poderes durante 150 días, y justo antes de que expirara la
ley25327, el ejecutivo emitió una avalancha de 126 decretos inspirados por el
ministro de Economía Carlos Boloña. Muchos decretos claramente sobrepasaron los
límites legales permitidos por el Congreso.
§
El decreto 743 creó el sistema de Defensa
nacional (CDN) dirigido por un Consejo de Defensa nacional, encabezado por el
presidente y conformado por varios ministros.
§
El decreto demás integra todas las unidades de
inteligencia de las fuerzas armadas y policiales, bajo el sistema de
Inteligencia Nacional (SINA) organismo dirigido por el SIN con inusitado rango
ministerial y poderes extraordinarios. El congreso rechazó varios de estos
decretos como violaciones flagrantes de los derechos civiles. Fujimori se
enfrentó con el legislativo y acusó a los parlamentarios de obstruir intereses
nacionales.
§
Los artículos periodísticos aparecidos en
“Expreso” y la “República” desde febrero de 1992 minaron aún más la reputación
de los sistemas judicial y penal.
§
Decenas de prisioneros acusados de terrorismo
fueron liberados al amparo de la ley vigente, que permitía la reducción de sus
sentencias. La Corte Suprema desestimó los cargos de enriquecimiento ilícito
contra el ex presidente Alan García, así como los de terrorismo contra el líder
senderista Abimael Guzmán.
§
La opinión pública asoció la obvia corrupción
judicial con el nombramiento de jueces durante el gobierno de García.
§
Montesinos y dos jefes militares planearon el
golpe en el cuartel general del ejército. Mientras un mensaje grabado por
Fujimori, era emitido por la televisión.
§
En la noche del domingo 5 de abril, el general
Valdivia y el coronel Alberto Pinto Cárdenas llevaron a cabo demostraciones de
fuerza.
§
Para prevenir un contragolpe, se había
ordenado a los comandantes de las otras regiones militares que asistieran a
reuniones urgentes en Lima, cuando el golpe se realizaba.
§
El gobierno golpista cerró el congreso
indefinidamente y el poder judicial por veinte días. Varios periodistas,
políticos y dirigentes sindicales fueron detenidos o secuestrados. Archivos del
Palacio de Justicia y el Ministerio público que contenían información
confidencial fueron confiscados y retirados a un lugar secreto del cual jamás
volvieron a aparecer.
§
La oposición protestó y afirmó que el golpe
era una consecuencia directa de las revelaciones hechas por Susana Higuchi, que
había acusado a sus parientes políticos de corrupción.
§
Los actos senderistas se intensificaron, entre
ellos el atentado contra el canal 2 de televisión, así como el de la calle
Tarata.
§
El régimen usó la guerra sucia contra los
senderistas como la ejecución de presos políticos de Canto Grande, la matanza
de un profesor y nueve estudiantes de la Cantuta. Abimael Guzmán fue capturado
en setiembre de 1992 por la GEIN- DINCOTE, encabezada por el Gral., Vidal.
§
El poder judicial fue reestructurado, reducido
y adecuado a las necesidades políticas de Fujimori y Montesinos. Para liderar
este sistema judicial abierto a la prevaricación y el cohecho, el juez Luis
Serpa Segura fue nombrado presidente de la Corte Suprema y la magistrada Blanca
Nélida Colán fue designada fiscal de la nación.
§
Quedaron impunes los actos delictivos de
empleados públicos y militares adictos al régimen.
§
Establecieron los tribunales sin rostro, que dictaron
duras sentencias contra los sospechosos de terrorismo, muchos de los cuales
eran inocentes. Montesinos y el comando del ejército continuaron purgando
honestos oficiales constitucionalistas y disidentes acusados de configurar
contra Fujimori.
§
El General Jaime Salinas Sedó,
constitucionalista y opuesto al fraude electoral fue encarcelado. Pasaron al
retiro al General Alberto Arciniega Huby, juez militar que culpaba a Montesinos
de destruir la independencia de la justicia militar. El General Rodolfo Robles
Espinoza, es pasado también al retiro por denunciar la existencia del grupo
“colina”, organizado bajo órdenes de Montesinos.
§
El restablecimiento del poder legislativo bajo
la forma de una asamblea constituyente se debió en gran parte a la presión internacional.
Sin embargo, la autonomía limitada y la debilidad fundamental del nuevo
Congreso, fueron intencionales.
§
En lugar de las acostumbradas dos cámaras y
240 parlamentarios, el nuevo Congreso Constituyente Democrático (CCD,
1992-1995) era unicameral y comprendía apenas 80 miembros de un único distrito
electoral nacional.
§
El ataque constante de Fujimori a los partidos
políticos, a los que tildaba de oligarquías corruptas, contribuyó a la
percepción bastante generalizada de la irrelevancia de la política formal.
§
Los propios representantes de Fujimori se
eligieron simplemente por sus seres seguidores.
§
Una ligera mayoría, le otorgó importantes
prerrogativas legislativas al ejecutivo.
§
La constitución de 1993 y las leyes ad hoc del
ejecutivo debilitaron aún más el marco institucional, la protección de los
derechos humanos y las barreras contra la corrupción.
§
El régimen de Fujimori duró hasta noviembre
del 2000 gracias a las elecciones fraudulentas del periodo 1992-1993 y los años
1995 y (primera elección) y 2000 (segunda reelección).
§
Su gobierno se caracterizó por la violación de
los derechos humanos y el papel desempeñado por Montesinos, el oculto operador
que no se mostraba en público.
§
Los jueces y parlamentarios fujimoristas
defendieron y protegieron a Montesinos.
§
La investigación judicial de las masacres de
La Cantuta y Barrios altos, terminó en un tribunal militar en el cual, unos
cuantos chivos expiatorios recibieron condenas de 20 años de prisión, que luego
de su reelección en 1995, Fujimori se encargó de amnistiar mediante la ley
26479, exonerando a los militares procesados o condenados por los derechos
humanos desde mayo de 1980.
§
Washington le manifestó su decepción frente
ante tal injusta amnistía, al embajador peruano y al presidente del congreso,
Jaime Yoshiyama y al mismo Montesinos.
§
Por otro lado, el régimen había sufrido la
ocupación de tropas ecuatorianas en una pequeña parte del territorio fronterizo
en enero de 1995, constituyendo una embarazosa derrota militar para los
ineficaces comandantes del ejército peruano, hecho que llevó a frenéticos
esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz, en medio de la campaña
reeleccionista.
§
Otros impactos dañinos para el régimen ocurren
entre 1996 y 1997 como el asesinato de Mariela Barreto y la tortura de Leonor
La Rosa, ambas oficiales del servicio de inteligencia militar, presuntamente
castigadas con crueldad por sus propios jefes, por filtrar información
comprometedora a la prensa.
§
Se revela espionaje electrónico e
interceptación telefónica por el SIN. En diciembre de 1996 se produce la toma
de rehenes en la residencia de embajada japonesa en Lima por el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru.
§
Paradójicamente, se celebra en Lima la octava
conferencia internacional contra la corrupción. Con patente cinismo, Fujimori
inauguró el foro acompañado de César Gaviria, el presidente de la OEA, la
fiscal de la Nación Nélida Colán y el Contralor General de la República, Victor
Caso Lay.
§
Irónicamente una larga lista de casos de
clamorosa corrupción esperaba ser investigados, pero está posibilidad fue
rechazada sistemáticamente por Nélida Colán y Victor Caso Lay.
§
Entre estos casos quedan pendientes las
denuncias sobre el origen de los ingresos de Montesinos y las denuncias hechas
por Susana Higuchi, el saqueo de la caja de pensiones militar y policial y la
malversación de la compañía de seguros estatal Popular y Porvenir entre otros.
§
Los últimos tres años de Fujimori, ligados a
agudos problemas económicos y al pasivo generado por Montesinos, son
alimentados por la corrupción y los abusos.
7.3.
Redes de corrupción
§
Montesinos y Fujimori celebraban bajo un manto
de secreto algunas ocasiones especiales en compañía de amigos y asociados
íntimos.
§ Estas reuniones quedaron registradas solamente en las fotografías y videos del SIN. En el 53 cumpleaños de Montesinos, el 20 de mayo de 1998, había bastante que celebrar en las lúgubres habitaciones y corredores del SIN, consolidado en el poder y la maquinaria corrupta de Fujimori.
§ Estas reuniones quedaron registradas solamente en las fotografías y videos del SIN. En el 53 cumpleaños de Montesinos, el 20 de mayo de 1998, había bastante que celebrar en las lúgubres habitaciones y corredores del SIN, consolidado en el poder y la maquinaria corrupta de Fujimori.
§
Las redes de corrupción tenían la íntima e
intrincada alianza de Fujimori y Montesinos.
§
El primero se ocupaba de la política y actuaba
como imagen mediática populista y el segundo negociaba secretamente con el
comando militar y reunía fondos ilegales.
§
Durante la fase final del régimen de Fujimori,
Montesinos mantenía enlaces con las ramas de la estructura de corruptela que
controlaba el poder, manipulaba la información pública, saboteaba a la
oposición y daba el mal ejemplo a los rangos inferiores de funcionarios y a la
sociedad en general.
§
El tamaño, alcance y composición de esta red
fueron asombrosos. Nunca antes en la historia peruana había sido posible
obtener una imagen intestina que ilustrara tan clara y detalladamente, el
funcionamiento clandestino de la corrupción.
§
Fujimori contaba con un núcleo interno de
parientes a cargo de los intereses familiares que giraban alrededor del
poderoso cargo. Victor Aritomi Shinto, casado con Rosa, hermana de Fujimori fue
nombrado Embajador del Perú en el Japón en 1991. Un puesto clave que mantuvo
hasta los últimos días del régimen. Hábilmente Fujimori y Aritomi utilizaron la
nacionalidad japonesa que podía otorgarles protección e impunidad.
§
Entre otras operaciones Aritomi usó su inmunidad
diplomática para transportar con regularidad los ingresos ilícitos de Fujimori
al Japón., en montos manejables como para lavarlos sin dejar huellas evidentes.
Además, la secretaria personal de Fujimori hizo transferencias bancarias a
Aritomi de los fondos ilegales que el presidente recibía en el Perú. Aritomi
también solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se canalizaron
a la familia Fujimori.
§
Poco antes de su juramentación como presidente
en 1990 Fujimori recibió una donación japonesa de 12.5 millones de dólares,
destinados a satisfacer las necesidades de los niños pobres, sin embargo, al
igual que otros fondos de donaciones japonesas, Fujimori y sus parientes
desviaron dicho dinero y lo utilizaron para fines políticos y personales desde
una cuenta bancaria en el Japón.
§ Las evidencias en video muestran a Fujimori manejando los recursos de “asistencia social”, en desembolsos de dinero en efectivo, sin llevar las cuentas legales apropiadas.
§ Las evidencias en video muestran a Fujimori manejando los recursos de “asistencia social”, en desembolsos de dinero en efectivo, sin llevar las cuentas legales apropiadas.
§
Desde 1990, sus hermanos Rosa, Pedro y Juana Fujimori
formaron y administraron en el Perú las ONG “APENKAI Y AKEN”, que sirvieron
para canalizar a las arcas de la familia más de 100 millones de dólares.
§
Apenas el 10% de los donativos llegaron a sus
destinatarios originales.
§
Susana Higuchi, ex esposa de Fujimori había
denunciado antes del golpe de 1992 la apropiación de las donaciones japonesas,
sobre todo por Rosa y Santiago Fujimori.
§
Alberto Fujimori declaró públicamente que su
esposa era mentalmente inestable y la mantuvo prácticamente prisionera en el
palacio Presidencial.
§
Los hijos ignoraron las afirmaciones de su
madre y por su conveniencia se pusieron al lado del padre.
§
Los 4 hijos recibieron una educación
universitaria de élite en Estados Unidos, que habría sido financiada con por lo
menos 460,000 dólares entregados en efectivo en N. York y Boston a través de
medios irregulares.
§
Además, Juana Fujimori y su esposo Isidro
Kagami Jiraku, vendieron en 1998, bienes raíces sobrevaluados a una compañía
establecida en las Islas Vírgenes británicas. Dicha compañía fue usada para que
Enrique Benavides Morales, uno de los agentes de Montesinos, lavara ingresos
procedentes de varias tramas de corrupción. Así mismo Aritomi y su esposa Rosa
Fujimori tenían considerables saldos no explicados en la banca nacional y
extranjera.
§
Santiago, el hermano favorito de Fujimori,
encabezó la administración y distribución local de los activos presidenciales y
de las donaciones hasta que perdió el favor de Montesinos en 1996.
§
Una persona que colaboró intensamente en
fraudulentas transacciones con Fujimori, fue Augusto Miyagusuku Miagui.
(presidente del Directorio de la compañía de seguros Popular y Porvenir)
Alquiler y venta de propiedades de la compañía y venta sobre valuada de pólizas
de seguro a las fuerzas armadas y reparto de comisiones ilegales.
§
Victor Joy Way, fue un asociado político
cercano y constante de Fujimori, fue congresista, primer ministro y ministro de
economía. En 1999. Se le confiscaron más de 22 millones de dólares de bancos
suizos y en Luxemburgo.
§
Poseía lujosas casas en el Perú, todo
adquirido a través de flagrantes negociados endosados por Fujimori.
§
Entre 1990 y 1998, Fujimori en colaboración
con Joy Way implementó varios decretos para favorecer la importación de
medicinas, luego de un alarmante brote de cólera. Con la colaboración de
algunos ministros de salud, las agencias del sector se usaron como fachadas
para comprar a precios inflados, tractores, aviones, medicinas genéricas e
instrumentales y suministros quirúrgicos y de laboratorios, chinos exentos de
impuestos. Joy Way, propietario de varias compañías de importación de
mercadería china, obtenía jugosas ganancias con estas transacciones,
indebidamente favorecidas.
§
Estas operaciones que sumaron 312 millones de
dólares hicieron perder al estado 190 millones. Una gran parte de estos
productos chinos, comprados oficialmente para varios ministerios, terminaron
siendo apropiados por dependencias bajo control directo de Fujimori: El
Ministerio de la Presidencia, creado inmediatamente después del golpe de 1992 y
la Casa Militar de Palacio, para desembolsos políticos y personales.
§
En sus muchos viajes a provincias del
interior, el populista Fujimori repartía medicinas y tractores chinos.
§
Ayudado por su círculo más cercanos de
pariente y amigos, Fujimori se benefició del drenaje de aprox. 404 millones de
dólares de fondos públicos peruanos mediante el abuso del poder. Solamente una
pequeña parte del total extraído, ha sido recuperada. Parte de estos fondos
ilegales podría todavía ser rastreada en cuentas bancarias del Japón, Asia y
Europa. Sin embargo a diferencia de las cuentas secretas de Joy Way y
Montesinos en el extranjero, investigaciones internacionales aún no han
identificado aquellas cuentas pertenecientes directamente al ex presidente,
aunque si se han hallado cuentas de los más cercanos colaboradores de Fujimori.
§
Los investigadores financieros alertaron que
los ingresos documentados de Fujimori entre 1990 y 2000, alrededor de un millón
de dólares, representaban apenas el 0.3% del ingreso total estimado recibido
por Fujimori en el mismo lapso. Por lo tanto, faltaría justificar
aproximadamente 371 millones de dólares. Las evidencias muestran que estos
ingresos provinieron del desvío ilegal de fondos públicos y de comisiones
inapropiadas.
§
El libro cita las principales fuentes de los
fondos ilícitos amasados por Fujimori y su entorno.
§
Las fuentes implican una estrecha colaboración
con Montesinos y los jefes del alto mando militar. Además de la codicia
personal, la principal motivación era conservar el poder y contar con
suficientes fondos para sobornar y manejar fraudulentas campañas electorales y
mediáticas.
§
Fujimori fue respaldado por un núcleo interno
de parientes y amigos que se beneficiaron de varias tramas de corrupción. El
núcleo interno de Montesinos constaba de oficiales de inteligencia y
administradores al interior del SIN, así como de agentes o testaferros
financieros, traficantes de armas y abogados, encargados de facilitar el lujo
de fondos ilegales dentro y fuera del país.
§
Héctor Chumpitaz, fue el capitán de la
selección de futbol peruana en la década de 1970. El héroe del futbol, para
reclutar respaldo político para Fujimori, recibió sobornos de 10,000 dólares
mensuales por un total de 30,000, dólares, directamente de Montesinos.
§
Montesinos financió la campaña de Juan Carlos
Hurtado Miller en 1998 a la alcaldía de Lima (261,300 dólares) en contra de
Alberto Andrade.
§
Otro que arruinó su carrera política por
colaborar con Fujimori y Montesinos, fue Luis Bedoya de Vivanco al cual se le
grabó recibiendo 25,000 dólares de Montesinos y aceptando acceso mediático e
información de inteligencia proporcionados por el asesor presidencial.
§
Los fondos manejados por Montesinos para estos
sobornos parecían ilimitados. El asesor espía le pagaba mensualmente al mismo
Fujimori y siguiendo sus instrucciones a varios de sus ministros en diversos
periodos.
§
Montesinos incluso cancelaba los trajes a la
medida a un primer ministro que supuestamente no tenía gusto alguno por la
ropa. La influencia corruptora de Montesinos en el poder Judicial se hizo casi
absoluta, después de 1992.
§
Los jueces conformaron una red de
prevaricación y cohecho que otorgaba decisiones y sentencias a favor de
intereses privados y políticos protegidos por Montesinos. Su aliado principal
en la Corte Suprema fue Alejandro Rodríguez Medrano.
§
Montesinos llegó a entregar al presidente de
la Corte Suprema, el borrador de la apelación de Fujimori para postular a la
Presidencia del país, por tercera vez, no obstantes los impedimentos
constitucionales.
§
Aproximadamente 50 jueces de cortes superiores
y provinciales colaboraron con la red judicial de Montesinos.
§
En otro caso notorio, Blanca Nélida Colán,
fiscal de la Nación y cabeza del Ministerio público, desestimó diversas
acusaciones formales contra Montesinos. El soborno a las autoridades
electorales para que llevaran a cabo el fraude fue particularmente escandaloso.
En diciembre de 1999, José Portillo, el jefe de la ONPE y aproximadamente 40
asociados vinculados a los congresistas Absalón Vásquez y María Jesús Espinoza,
falsificaron parte de los miles de firmas necesarias para la inscripción de
Perú 2000. (rebautizado partido de Fujimori) Portillo, así como Alipio Montes
de Oca, visitaban a Montesinos en el SIN regularmente. Invariablemente el JNE
rechazaba todas las quejas legales contra Fujimori.
§
Los congresistas gobiernistas
desinstitulaciaron el poder legislativo, permitiendo a Fujimori y Montesinos
ejercer un poder ilimitado sobre otras instituciones claves como el poder
judicial y el JNE, así también los delitos y trasgresiones de la cúpula en el
poder, quedaban impunes.
§
El congreso fujimorista no aprobó ni una sola
moción para iniciar urgentes investigaciones sobre violación de los derechos
humanos o corrupción.
§
El congreso partidario servil hacía un masivo
reparto de pagos ilegales en su seno. Los 54 parlamentarios de Fujimori,
minaron la democracia, para permanecer en el poder y beneficiarse
personalmente.
§
El caso más notorio fue el de Alberto Kouri
quien recibió 60,000 dólares para cambiar su lealtad partidaria inmediatamente
después de las elecciones del 2000. Jorge Polack, propietario de radio
Libertad, fue acusado de recibir uno de los ms grandes sobornos, medio millón
de dólares.
§
Los participantes más notorios en la
corrupción de los medios fueron José Francisco y José Enrique Crousillat,
entonces propietarios de América Televisión, quienes, entre otros, ofrecían
programas parcializados conducidos por Laura Bozzo. Vendieron la línea electoral de su emisora a
Montesinos por cerca de 600,000 dólares, y consiguieron el refinanciamiento de
su deuda con el Banco Wiesse que eran 7`,000,000 de dólares y se les garantizó
el pago de 6’,000,000 de dólares a través de la Caja de Pensiones Militar
Policial-Banco de Comercio. Los Crousillat amasaron fortunas personales de
aproximadamente 5’, 000,000 de dólares en bienes raíces y en cuentas off-shore
en el Caribe y Panamá. Los Crousillat y Bozo fueron los participantes más
entusiastas en la llamada escuelita del SIN.
§
Un video grabado en 1999 muestra a Ernesto
Schütz, presidente de Panamericana Televisión, negociando con Montesinos por
más de 12’, 000,000 de dólares su línea electoral, pero al final debió
contentarse con 9’, 000,000 de dólares.
§
Los hermanos Samuel y Mendel Winter recibieron
menos, pero lograron apropiarse del canal 2 en 1996, gracias a la persecución
contra Baruch Ivcher.
§
Genaro Delgado Parker accionista de canal 13,
le prometió a Montesinos despedir al periodista independiente César
Hildebrandt, a cambio de una sentencia favorable en una disputa por la
propiedad de acciones del canal.
§
Manuel Ulloa Van Peborgh y Eduardo Calmell del
Solar encontraron una tercera persona para arreglar la venta ficticia del canal
10 al Ministerio de Defensa por dos millones de dólares para Ulloa y Calmell,
compartiendo además 1.75 millones de dólares que recibieron de Montesinos como
recompensa por el contenido editorial pro fujimorista de Expreso.
§
La prensa amarilla, conocida como “prensa
chicha”, atendía a las masas mal informadas. Los más exitosos en estos
menesteres fueron los hermanos Alex y Moises Wolfenson (éste último congresista
fujimorista) Editores de “El Chino”, Rubén Gamarra (La Yuca) y José Olaya (EL
tío) fueron sindicados por recibir cuantiosos subsidios impropios en 1999.
Augusto Bresani, periodista cercano al SIN trabajó con Montesinos y el
publicista Daniel Borobio en la trasmisión de titulares y dinero a los editores
de la prensa chicha. Bresani no solo recibía dinero de Montesinos sino también
a partir de 1997, de importantes corporaciones privadas decididas a prestar
respaldo a Fujimori y sus campañas sucias. Entre los principales contribuyentes
a la prensa chicha figuraron compañías extranjeras y grupos empresariales
nacionales.
§
En marzo y abril de 1998, la prensa chicha
lanzó una virulenta campaña de difamación contra prominentes periodistas
independientes que iban descubriendo los aspectos más escabrosos del régimen,
en particular aquellos que publicaban informes acerca de las fechorías de
oficiales militares y de inteligencia en “La República”, entre ellos Fernando
Rospigliosi, Angel Paz y Edmundo Cruz.
§
La prensa amarilla se complementaba con
amenazas de muerte, y acusaciones de traición, representaba una censura ex post
facto que caía pesadamente sobre los periodistas más honrados.
7.4.
Participación del sector privado
§
La formación de redes de corrupción en la
década de 1990 tuvo conexiones estratégicas en el sector privado. Los fondos
para el soborno se reunían considerablemente de este sector, el cual brindó a
la maquinaria de Montesinos- Fujimori, una fuente importante para corromper y
dominar la estructura de poder.
§
Estos intereses privados buscaron activamente
favores y protecciones especiales y se opusieron a regulaciones efectivas y
tomaron parte en redes de corrupción encubiertas.
§
En la década de 1990. El sector privado
nacional se vio duramente golpeado por la competencia internacional. El régimen
de Fujimori fue autoritario disfrazado y reinó la corrupción hasta para
empresas extranjeras dispuestas a competir por los favores oficiales.
§
Las reformas neoliberales de Fujimori no
tuvieron como resultado reglas de mercado claras, y predominó el juego sucio.
Al final los crecientes problemas económicos originados por el manejo corrupto
de la economía y la falta de controles oficiales exacerbaron los conflictos
dentro de y entre los intereses
§
Nacionales y extranjeros.
§
El grupo económico Romero, lideraba un imperio
maduro a finales de la década de 1960, que comprendía la banca (el banco de
crédito del Perú, BCP, el banco peruano más grande) y empresas agroindustriales
(Alicorp) entre otras inversiones claves en el mercado nacional. La dirigencia
del grupo mostró una gran capacidad empresarial en la adaptación y
transformación de sus activos empresariales. Sobrevivió exitosamente la reforma
agraria Velasquista aprovechando los bonos de expropiación para ingresar y
dominar los protegidos sectores industrial y bancario. En la década de 1980, el
grupo también se benefició de los incentivos a la inversión (cambiarios y
tributarios) promovidos por Alan García, mientras que la gerencia del BCP
diversificaba sus activos financieros para que incluyeran actividades
“offshore”.
§
El jefe del grupo económico más importante del
país, Dionisio Romero, tuvo reuniones secretas con Montesinos, en una de las
cuales altos mandos militares, policiales y navales estuvieron presentes.
§
En esta reunión, Romero accedió a una
entrevista favorable a la reelección de Fujimori, que fue publicada poco
después.
§
Otro banquero importante que se reunía
secretamente con Montesinos era Eugenio Bertini, gerente general del Banco
Wiese (BW) y amigo cercano del asesor presidencial, también aconsejaba al
asesor acerca de formas de mover dinero de cuentas “offshore” del extranjero y
otras cuentas bancarias locales.
§
Años más tarde, Bertini fue absuelto, al igual
que muchos otros agentes del sector privado envueltos en vínculos con el
régimen, de las acusaciones judiciales a las que se vio expuesto por sus
relaciones con Montesinos.
§
Las operaciones de rescate gubernamental que
beneficiaron al BW y a varias otras entidades bancarias locales, entre las
cuales se encontraba el banco Latino, expusieron el uso discrecional de fondos
estatales desviados y una modificación ad hoc de las normas bancarias (Ley
General de la Banca de 1996) que prohibían expresamente que el gobierno
asistiera a los bancos con problemas.
§
Durante 1998-2000 estas operaciones de rescate
que sumaron entre 935 y 1,145 millones de dólares de los fondos públicos,
beneficiaron a intereses del sector privado mediante las directrices de los
ministros de economía Jorge Baca Campodónico (1998) y Joy Way (1999). Estos
fondos públicos de rescate provenían de las liquidaciones de la banca de
desarrollo de propiedad estatal.
§
En 1998 el BW experimentó serios problemas.
Ignorando las advertencias de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
inicia la fusión con el Banco de Lima Sudameris. La fusión se realizó en 1999 y
contó con el respaldo activo del Ministerio de Economía que suministró hasta
252 millones de dólares.
§
Esta operación significó un desvío de fondos
públicos avalado por un decreto de emergencia.
§
Violando normas bancarias y poniendo en riesgo
los depósitos de sus clientes, el grupo Picasso compró activos depreciados del
banco Latino.
§
En 1998, el Banco de la Nación y COFIDE fueron
instruidos para que ayudaran al Banco Latino. COFIDE pasó a ser accionista del
86% del tambaleante Banco, que asumió el control y siguió inyectando dinero
hasta por un monto 436 millones de dólares.
§
El Banco latino fue liquidado a costa del
Estado y solo entonces fue absorbido por otro banco en el año 2000.
§
Otros bancos rescatados o liquidados (Banco
Nuevo Mundo, NBK, Banex, Banco república, Orión, Deadwood, Serbanco y Finsur)
dieron cuenta de unas pérdidas adicionales de entre 248 y 521 millones de
dólares en fondos públicos irrecuperables.
§
Han surgido evidencias claras que implican a
tres compañías extranjeras en sendos casos de soborno o evasión tributaria.
Estas empresas defendían intereses por cientos de millones de dólares de
inversión en el Perú.
§
El conglomerado de empresas Lucchetti de Chile
competía en la industria de procesamiento de alimentos en Lima; la Newmont
Mining de Estados Unidos
§
Luchaba por la propiedad de la rica mina de
oro de Yanacocha en Cajamarca y la Canadiense Barrick Gold se esforzó por
ahorrar millones en una estratagema de evasión tributaria vinculada a la
explotación de minas de oro en Ancash.
§
En 1998, Lucchetti estaba enfrascada en una
seria diputa legal con Alberto Andrade, alcalde de Lima y principal rival
político de Fujimori. El problema estaba ligado a la construcción de la
sofisticada fábrica de fideos valorizada en 150 millones de dólares, ligada a
Jorge Camet, (en la construcción) ministro de Economía, en los pantanos
ecológicamente sensibles de Villa (Chorrillos, Lima) Sin embargo otras
compañías locales y extranjeras habían levantado plantas en la misma área
protegida. Andrónico Luksic, el presidente de la compañía chilena, viajó a Lima
para reunirse con Montesinos en el SIN.
§
Montesinos discutió abiertamente con otros
ejecutivos de Lucchetti en reuniones grabadas y Montesinos ofreció ayudarlos a
obtener una decisión judicial favorable. La Empresa según testigos pagó dos
millones de dólares a Montesinos como contribución a la campaña política de
Fujimori.
§
Este caso tuvo serias repercusiones en las
relaciones bilaterales con Chile y la fábrica se vio forzada a cerrar en enero
de 2003.
§
Yanacocha, el yacimiento de oro más rico y
grande de Sudamérica es un conjunto de minas a cielo abierto que abarca 260
kms2. Cerca de la ciudad de Cajamarca.
§
Se formó una querella por compañías
accionistas de la mina y el juicio subsiguiente puso en jaque una inversión de
aproximadamente 500 millones de dólares, llegando a la corte Suprema del Perú
en 1998.
§
Grandes compañías tuvieron reuniones con
Fujimori y Montesinos y terminaron disponiendo con el juez Jaime Beltrán que
debía ser arreglado a favor de los intereses estadounidenses. Montesinos
prometió a Beltrán un ascenso, y éste inclinó la balanza a favor de
Newmont-Buenaventura.
§
El empresario francés Patrick Maugein, asesor
del presidente Francés Jaques Chirac, declaró posteriormente en 2002 que
Newmont-Buenaventura había pagado cuatro millones de dólares a Montesinos, en
1998.
§
Durante el gobierno de Fujimori, el sector
privado también se benefició de un proceso de reforma estatal y financiera
llevado a cabo en secreto y con pocos controles.
§
Carlos Boloña era un economista de alto nivel,
educado en las mejores universidades nacionales y extranjeras. Antes de
convertirse en el segundo ministro de Economía de Fujimori en febrero de 1991,
Boloña fue un empresario exitoso, copropietario de una universidad particular y
titular de varias franquicias extranjeras en el Perú.
§
A comienzo de 1990 sus ideas liberales
derivaron en un autoritarismo económico teñido de ambición política. Boloña
colaboró con Fujimori y Montesinos para implantar una transformación económica
radical pero torcida.
§
Bajo la égida de Boloña se firmaron 29
decretos secretos institucionales para asignar fondos según objetivos políticos
del presidente. Gracias a estos decretos secretos unas cuantas compañías
extranjeras y grupos militares se beneficiaron de los fondos y gastos públicos.
Durante su segunda época como ministro, Boloña firmó por orden de Fujimori el
último decreto secreto que le pagaba una compensación de 15 millones de dólares
por servicios a Montesinos, caído ya en desgracia.
§
El Ing. Jorge Camet tenía sólidos antecedentes
empresariales, antes de convertirse en ministro de Economía en enero de 1993,
al finalizar la primera gestión de Boloña. Camet continuó la administración
financiera neoliberal iniciada por Hurtado Miller y Boloña, sin embargo, Camet
se mantuvo como ministro de Economía hasta junio de 1998.
§
La evasión tributaria de las Canadiense
Barrick Gold Corporation fue posible gracias al mal manejo fiscal
característico del régimen venal de Fujimori.
§
Aprovechando un instrumento legal (D.S.
124-4-EF de 1996) diseñado para extender favores especiales a las fusiones y
privatizaciones de empresas, Barrick simuló la fusión de dos de sus compañías
subsidiarias para conseguir deducciones tributarias que sumaban 141 millones de
dólares debidos al gobierno peruano, sin contar los intereses de 51 millones de
dólares por el periodo 1996-2003.
§
Varias otras compañías extranjeras también
defraudaron impuestos o abusaron de otros arreglos financieros con el estado
peruano.
§
El acumulado deterioro institucional causado
por la corrupción sistemática habría servido de barrera para impedir el ingreso
de por lo menos 10,000 millones de dólares en inversión extranjera perdida
durante 1990-1999.
§
Este cálculo se basa en que muchas empresas
extranjeras percibían que el pago casi obligatorio de sobornos, era un impuesto
excesivamente costoso y de alto riesgo.
§
La compañía J.J. Camet contratistas generales,
creció durante su gestión de ser una empresa mediana a ser una de las cuatro
grandes contratistas del Perú.
§
Camet firmó trece decretos secretos y estuvo
involucrado en la recompra de bonos de la deuda externa peruana.
§
El Estado Peruano habría invertido 1,000 millones
de dólares para recomprar
§
Los bonos de la deuda externa entre el 35 y el
52% de su valor nominal.
§
El régimen Fujimori-Montesinos fue responsable
del desvío de los fondos de privatización fuera de las áreas que promovían el
crecimiento.
§
Dichos fondos se usaron notoriamente para
gastos militares autorizados por Camet.
§
En la década de 1990, 992 millones de dólares
de fondos de este tipo dieron cuenta de más de la mitad del presupuesto total
de las adquisiciones de defensa, que sumaron un total de 1,885 millones de
dólares.
§
En resumen, el 78% de los 4,359 millones de
dólares de ingresos totales provenientes de la privatización recibidos por el
gobierno entre 1,992 y 2,000 se desviaron para financiar acuerdos de la deuda
externa, compra de armas y gastos políticamente afines.
§
El aspecto más escabroso de este mal uso de
los fondos fue la compra de aviones usados y otros materiales militares
depreciados de gobiernos extranjeros mediante comisiones ilegales y en medio de
las disputas limítrofes con el Ecuador en el periodo 1995-1998. Camet,
Fujimori, Montesinos, 17 otros exministros (entre ellos Alberto Pandolfi y
Jorge Baca Campodónico) y altos oficiales militares asociados fueron implicados
en esta trama Estos negociados formaron parte importante de la maquinaria de
corrupción militar que estuvo en el centro de la corrupción pública y privada
del decenio de 1990.
7.5.
Corruptelas militares
§
Montesinos diseñó y adaptó un mecanismo
complejo, informal y encubierto de ingresos y gastos ilegales para sustentar
los principales puntales del régimen transgresor de Fujimori.
§
Los detalles explican las fuentes diversas de
fondos para sobornos. Montesinos montó una maquinaria corrupta que tenía su
centro en el SIN y se extendía a varias otras ramas, en particular entre las
instituciones militares y policiales, y sus respectivos altos mandos.
§
El uso y abuso de la información de
inteligencia generó poder y dinero para Montesinos y sus aliados.
§
El coronel del ejército Roberto Huamán,
principal operador técnico del SIN, estaba a cargo de grabar reuniones secretas
y conversaciones telefónicas con amigos y enemigos políticos. Huamán le fue
leal a Montesinos hasta el final.
§
La fuerza de seguridad personal de Montesinos
estaba a cargo del coronel de la Policía, Manuel Aybar Marca, y de otros
oficiales ligados al grupo “Colina” y a la falsificación a gran escala de
firmas en el proceso electoral. El equipo de asesores lo encabezaba Javier
Corrochano e incluía a Pedro Huertas y a Grace Riggs, entre otros. La red
administrativa fue manejada por Matilde Pinchi y Maria Arce Guerrero, una
secretaria que entregaba el dinero de los sobornos a sus receptores. José
Villalobos el cajero del SIN administraba los fondos ilegales. El General EJP
Julio Salazar Monroe y el contralmirante Humberto Rozas dos jefes formales del
SIN eran simples figurones que seguían ordenes de Montesinos.
§
La familia de éste, se prestó a esconder la
fortuna personal, pero tuvo poco que ver con el manejo de la maquinaria.
§
De igual modo la amante, Jacqueline Beltrán
recibió costosos regalos y favores.
§
Los más importantes agentes financieros
ofrecieron sus servicios para las operaciones ilegales siendo también socios a
gran escala en la compra de armas y materiales con las cuales Montesinos,
Fujimori y los más altos jefes militares obtuvieron jugosas comisiones.
§
Hubo tres grupos que negociaron la compra de
armas y equipos: W21 Intertechnique, dirigido por Alberto Venero, y Luis
Duthurburu /473 millones de dólares) Zvi Judit, James Stone y socios (Sutex/SEP
International (248 millones de dólares y Joy Way (120 millones de dólares).
§
Las irregularidades en la contratación de
estas grandes adquisiciones implicaron equipos de baja calidad. El caso más
escandaloso fue la compra de aviones usados MIG-29 y SuKhoy-25 a Bielorrusia.
§
Los fondos apropiados por Montesinos y sus
socios se transfirieron a cuentas bancarias en Estados Unidos, Luxemburgo,
Rusia, Israel, Suiza y el Caribe, con la ayuda de los mismos traficantes de
armas convertidos en agentes financieros. Uno de sus socios fue el Jefe de
Estado Mayor del Ejército Nicolás Hermoza.
§
Se confiscaron cuentas en Suiza a Montesinos
por 114 millones de Dólares, pero todas las cuentas bancarias vinculadas
sumaban 246 millones de dólares.
§
Venero y Duthurburu, también tomaron parte en
el desfalco del fondo de pensiones militar policial que arrojó un saldo de 500
millones de dólares en pérdidas entre 1992 y 1999. La maniobra consistía
fundamentalmente en apropiarse de estas reservas mediante la venta ficticia de
bienes raíces a la Caja.
§
En 1992, la CPMP fue reorganizada para que
satisficiera las necesidades de dinero de Montesinos y sus agentes. Montesinos,
en colusión con los altos mandos militares de la caja, cambió la estrategia del
fondo de pensiones.
§
La CPMP se vio expuesta a riesgosas operaciones
crediticias y de bienes raíces diseñadas y ejecutadas por Venero, Duthurburu,
Juan Valencia Rosas y sus asociados.
§
Crearon doce empresas en el Perú y diez en
Panamá para que manejaran y lavaran las utilidades ilegales, además de ayudar a
Montesinos a transferir fondos dentro y fuera del país.
§
La CPMP compró edificios, hoteles, terrenos y
otras propiedades sobrevaluadas a propietarios del sector privado, que pagaban
subcomisiones del 10% del valor del valor de la transacción en efectivo. La
mitad de este soborno era entregada directamente a Montesinos por Venero, y el
resto era dividido entre los socios de este último y otras autoridades.
§
Otra fuente de un periodo anterior (1992)
indicó que la distribución de la corrupción en la CPMP en 1992 era como sigue:
25% para Montesinos, 25% para el ministro de defensa (Gral. Victor Malca) 25%
era repartido entre los militares y almirantes de la junta de directores de la
CPMP y 25% para Venero y sus socios.
§
Con esta operación Montesinos obtenía más de
20 millones de dólares, en consecuencia, la liquidez cayó de 124 millones de
dólares en 1991 a apenas 5 millones en 1999. Los patrones de corrupción militar
preexistentes fueron modificados sustancialmente en la década de 1990.
Montesinos centralizó no solo la red de inteligencia nacional si también los
ingresos provenientes de la corrupción en las fuerzas armadas.
§
Montesinos se posicionó como un rentista que
se beneficiaba de los ingresos militares, compartidos en formas y porcentajes
acordados con el alto mando militar, y Fujimori. Los ministros de Defensa e
interior eran detenidamente supervisados y aprobados por Montesinos, así se
aseguró que las personas nombradas participarían en su juego y seguirían las
reglas informales que él había establecido en la extracción y reparto del
botín.
§
Sin embargo, desde abril de 1993 diplomáticos
estadounidenses detectaron un creciente descontento entre los oficiales
injustamente desplazados.
§
La humillante derrota en la guerra fronteriza
con Ecuador, en enero-febrero de 1995, se sumó a la creciente pérdida de
prestigio interno de los militares.
§
Montesinos exigió a los distintos comandos
policiales y militares el 25% de la comisión total por las coimas de la
transacción total en la compra de materiales y equipos y debería ser cubierta confidencialmente.
§
En el caso de las fuerzas policiales el 75%
restante de la comisión total era repartida como sigue: 25% para el ministro
del interior, 17% para el director de la Oficina General de Administración
(OGA) del Ministerio del interior, 17% para el director de la policía Nacional
del Perú (PNP) y 16% para el director de logística de la PNP.
§
De este modo se estableció una estrecha
sociedad en la corrupción y una alianza política entre Montesinos y los
sucesivos Generales a cargo de las Instituciones y ministerios militares y
policiales.
§
Eran más de 30 socios entre Generales del
ejército, Fuerza Aérea y Policía, así como almirantes de la Marina.
§
Un episodio relatado por Jorge Camet, en el
transcurso de declaraciones ante el procurador especial José Ugaz, en el año
2001, ayudó a desembrollar las conexiones existentes entre el Comando Militar,
los ministros de Defensa y del interior, Montesinos y Fujimori.
§
El 12 de junio de 1997, Camet fue llamado para
una reunión urgente en el “Pentagonito” junto con los jefes de las tres fuerzas
armadas, Nicolás Hermoza, Almirante Antonio Ibárcena Amico, y el General
Elesván Bello Vásquez (FAP), en la cual exigieron más compras de armas, a pesar
de la reciente alza en gastos de armamentos financiados mediante decretos
secretos. Su demanda alcanzaba 425 millones de dólares.
§
Camet objetó la compra de 6 aviones rusos,
exigidos por la FAP cuando apenas hacía un año habían comprado 6 MIG-29 rusos y
seis bielorrusos con escandalosos resultados. Para sorpresa de Camet, Fujimori
aprobó la compra sobrevaluada de 3 MIG-29 a través de SUTEX. El gobierno pagó
42 millones en lugar en lugar del precio estándar de 30 millones por cada
avión.
§
El 4 de Julio de 1998, una de las cámaras
secretas de montesinos lo filmó junto con los comandantes militares y otros
oficiales, brindando con copas de vino la firma del contrato de compra de las
aeronaves.
§
En la década de 1990 la causa fundamental y el
objetivo de la corrupción eran predominantemente políticos. Fujimori y
Montesinos acordaron en el cuartel del SIN en mayo de 1992, formar un fondo de
contingencia destinado a financiar campañas reeleccionistas que preservarían el
régimen transgresor.
§
El fondo de los sobornos sería conformado con
la cuarta parte de todas las comisiones ilícitas cobradas por las autoridades
militares y policiales en la compra de armas y materiales, así como con las
comisiones de las transacciones de la CPMP y una parte no determinada de los
fondos de la privatización. Montesinos implementó la propuesta reuniendo al Ministro
de Defensa, General Victor Malca, y a los comandantes de las fuerzas armadas de
ese entonces.
§
Montesinos y Malca se hicieron cargo del
manejo de ese fondo de contingencia, que acumuló más de 200 millones de dólares
en cuentas del extranjero, manejadas por Montesinos y sus agentes a finales de
la década de 1990. Además de su propia parte, al Gral. Malca y a los sucesivos
ministros de defensa, todos ellos generales del ejército, se les prometió una
larga estadía en sus cargos.
§
Malca nombrado Embajador en Méjico en
1996-1997 y acumuló una fortuna personal de 14 millones de dólares en diversas
cuentas bancarias en el Perú, Nueva York, y Gran Caimán.
§
Como parte del acuerdo de 1992, los militares
y las fuerzas policiales entregaron fondos ilegales al SIN por 74 millones de
dólares entre 1992 y 2000, aumentando el presupuesto del SIN entre 260 y 300%,
y Montesinos diseñó un mecanismo para compensarlos.
§
Todos los comandantes militares, ministros de
defensa e interior subsiguientes se involucraron teniendo como resultado su
evidente enriquecimiento. Entre 1997 y 2000 el Ministerio del Interior aceptó
32 contratos secretos con los tratantes Sudit y Lerner para el suministro de
uniformes, vehículos y otros equipos, estipulándose comisiones indebidas del
16% de todo el valor de la compra que iba a Montesinos y el 4% a las
autoridades del ministerio,
§
Con los fondos recibidos, el general Saucedo
abrió una cuenta con la compañía de fachada Sanford Overseas Corp. En un banco Offshore en las Antillas
Holandesas. El general Oscar Villanueva Vidal logró manejar 5 compañías de
fachada con socios tales como Venero y Kruger, vinculados con la administración
financiera de Montesinos. Villanueva era un colaborador estrecho de los
ministros Hermoza, Saucedo y José Villanueva Ruesta, poseía casas por un valor
de $750,000 aunque solo ganaba 5,700 soles. Antes de suicidarse en septiembre
de 2002, Villanueva hizo confesiones informativas al juez.
§
Una de las últimas compras militares fue la
adquisición de 100 caballos pura sangre, viejos y sobrevaluados en enero de
2000. No existió proceso de licitación y la operación fue aprobada por el
General Bergamino y el General Villanueva Ruesta que poseía activos por más de
$1’000,000.
§
Bergamino conjuntamente con Boloña facilitaron
los $15’000,000 de compensación a Montesinos, tras su caída, sin embargo, la
malversación de fondos públicos no fue la única fuente de ingresos ilegales de
Montesinos y sus socios militares. Otros medios ilegales para lucro personal,
poder y metas políticas involucraban el creciente azote del narcotráfico.
7.6.
Colusión con el narcotráfico
§
Montesinos y militares de alto rango,
negociaron con narcotraficantes.
§
Estas osadas actividades fueron sumamente
dañinas para el prestigio internacional y local de las instituciones militares
y de inteligencia.
§
Dado el impacto económico y sociopolítico que
el tráfico de drogas tuvo en la década de 1980, Montesinos y los militares
buscaron dominar la política antidroga y su ejecución.
§
Penetraron en la policía nacional con agentes
vinculados directamente a Montesinos. Fujimori, con la asesoría de Montesinos y
dos ministros militares reorganizó el Ministerio del Interior en 1990 donde se
sospechaba existían vínculos con narcotraficantes. Este fue el primer paso
hacia el control militar de los operativos de antinarcóticos y antiterroristas.
§
Esta medida fue minando los tribunales
especiales que procesaban los delitos relacionados con drogas y remplazándolos
con tribunales normales presididos por jueces y fiscales que trabajaban
estrechamente con Montesinos en el sistema judicial.
§
Además de la tensión creada entre los aliados
militares de Montesinos y las agencias policiales especializadas, otras
tensiones surgieron de las estrategias opuestas de dos agencias de Estados
Unidos que trabajaban en el Perú, la Central Intelligence Agency (CIA) y la
Drug Enforcement Administration (DEA) Esta tensión precedió a las fricciones
entre Montesinos y Barry McCaffrey, el zar estadounidense antidrogas, durante
sus visitas al Perú, en 1996 y 1998. Montesinos filtró videos demostrando el
apoyo de McCaffrey, y comenzó a ser visto como un audaz, pasivo y
potencialmente peligroso, a ojos de algunos funcionarios norteamericanos. Uno
de los cargos era por usar juntamente con sus socios militares, fondos
antidrogas de Estados Undos para perpetrar violaciones de los derechos humanos.
Montesinos armó un perverso sistema antidrogas, dándole al ejército el mando
exclusivo de las operaciones en regiones claves y en los puertos a la marina,
pero su aparto militar- SIN permitía las actividades de narcotraficantes, pero
al mismo tiempo, ordeñaba para beneficio propio los ingresos derivados de
éstas.
§
Los escándalos con las drogas y las flagrantes
violaciones derechos humanos minaron el espacio público disponible para que
Montesinos y los militares jugaran con el respaldo local e internacional.
§
Un grupo parlamentario obtuvo confesiones y
declaraciones de soldados testigos que denunciaron los tratos entre las
autoridades militares y los narcotraficantes. Descubrieron el pago de cuotas a
los militares por permitir el transporte de drogas, además de la asistencia que
prestaban a los narcotraficantes apresados. La prensa reportó detenidamente
estos casos de corrupción en las fuerzas armadas y policiales.
§
A comienzos de la década de 1990, Demetrio
Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano”, operaba desde una pista de aterrizaje en
Campanilla, región del alto Huallaga como proveedor de pasta básica de cocaína
a los carteles colombianos, cubriendo 280 vuelos de aviones ligeros entre Perú
y Colombia entre 1991-1993. Vaticano declaró en su juicio haberle entregado
$50,000 mensuales a Montesinos y a los comandantes de la zona militar para que
ignoraran los vuelos. Se negó a pagar cuando la cuota fue elevada a $100,000 y
huyó a Colombia. En enero de 1994 fue arrestado en Bogotá y extraditado al Perú. En
audiencias públicas Vaticano declaró haber sobornado a Montesinos y a las
autoridades militares y que ocasionalmente recibía mensajes radiales
advirtiéndole de las inminentes incursiones antidrogas.
§
En enero de 1995, un cargamento de 3,342 kgrs.
De cocaína pura fue confiscado en Piura, antes de ser embarcado para Méjico. La
droga llegó a Piura en una caravana de camiones que no se revisó a lo largo de
todo el camino procedente de una hacienda en Janjuí y de las bases militares de
Bellavista, en el valle del alto Huallaga.
§
Esta operación antidroga y las grandes
confiscaciones sub- siguientes, fueron realizadas por agentes policiales
alertados por la DEA. Los hermanos López Paredes lideraban el cartel de los
“Norteños” y tenían contactos entre funcionarios de alto rango del Ministerio
del Interior y el mando Militar. Los miembros de este cartel, apresados en Perú
y México, denunciaron el pedido de soborno hecho por Javier Corrochano,
asociado de Montesinos. Corrochano y otras personas cercanas a Montesinos
también tenían contactos con “los Camellos”, un grupo productor de cocaína
ligado al cartel de Tijuana. Para 1999, éste grupo había integrado la
producción y la comercialización de la droga: materias primas en la selva de
Ayacucho, procesamiento de cocaína en Chincha y envío de la droga junto con
textiles y productos biológicos desde el puerto del Callao. Otro grupo de
Oxapampa, produjo pasta básica de cocaína y pagó a las autoridades militares de
la región $15,000 por vuelo cargado con la droga, promediando al menos diez vuelos al mes.
§
Uno de los incidentes más embarazosos para las
autoridades militares y de inteligencia fue el descubrimiento en mayo de 1996
de 174 kgrs., de cocaína a bordo de un avión DC8 de la fuerza aérea peruana,
destinado para el uso del presidente, que estaba a punto de volar a Europa.
§
También se encontraron drogas en dos naves de
la marina peruana: 162 kgrs. En el BAP “Matarani” y 62 kgrs. En el BAP “Ilo”.
§
Estos operativos fueron dirigidos por el mismo
Montesinos quien habría ordenado el uso de naves, aviones y helicópteros
militares en estrecha coordinación con “Los camellos” y otros traficantes
locales, ligados a los carteles de Tijuana y Medellín, para la exportación de
drogas a México, España, Portugal, Italia, Bulgaria y Rusia.
§
Estos fueron los casos más importantes entre
los muchos efectuados por los narcotraficantes y el aparato antidrogas de
militares y policías y Montesinos.
§
Los escándalos por supuesto fueron negados por
los funcionarios peruanos que cerraron filas en defensa de Montesinos.
§
En 1998 el aparato encubierto de Montesinos,
compró al ejército jordano 10,000 fusiles automáticos AK-47 kalashnikov usados.
La operación se hizo a través del traficante de armas Sarkis Soghanalian y con
fondo ilegales, hecho que indicaría su relación con el negocio de drogas.
§
Aunque se sostuvo que las amas eran para el
ejército peruano, el aparato de Montesinos quería venderlas a la guerrilla
colombiana (FARC) con una gran utilidad.
Los objetivos políticos no se llegaron a aclarar cuando el escándalo de
las armas en agosto del año 2000, pero fue el inicio de la fase final del
régimen bicéfalo de Montesinos y Fujimori.
7.7.
Caída cinemática
§
El derrumbe de la camarilla
Fujimori-Montesinos-militares, que capturó las principales Instituciones del
Estado peruano durante la década infame de los años 90, llegó a su fin debido a
las sucesivas crisis y escándalos que se desataron en áreas claves diversas.
§
La asediada oposición política a Fujimori
creció en la medida que los escándalos de corrupción y las violaciones de los
derechos humanos iban intensificándose.
§
Desde 1996 Fujimori y Montesinos se esforzaron
por imponer mediante todos los medios posibles, una dispensa legal para su
tercera candidatura.
§
La resistencia contra ésta estratagema fue
aplastada en 1997. Se compraron jueces y parlamentarios y los dueños de los
medios de comunicación fueron sobornados o castigados, para alcanzar la meta de
reelección.
§
En 1998 rechazaron el referéndum nacional en
torno a la legalidad de Fujimori. La información de que Montesinos tenía
considerables cuentas en un banco local fue objeto de reportaje de un
periodista de TV. En 1999.
§
El fiscal General Miguel Aljovín citó razones
legales para no investigar las cuentas de Montesinos.
§
En febrero de 2000 se descubrió un tremendo
fraude que implicó a altos funcionarios electorales en la falsificación de un
millón de firmas para la inscripción del partido de Fujimori. En la primera ronda electoral (abril 2000)
Fujimori venció, pero sus partidarios no alcanzaron mayoría en el congreso y
los observadores internacionales certificaron más de 100 incidentes de fraude
electoral.
§
Alejandro Toledo, el opositor que más votos
recibió no aceptó los resultados electorales. Convocó a la resistencia, pero un
grupo de parlamentarios cambió de bando y le dieron a Fujimori una mínima
mayoría en el congreso.
§
El 28 de julio de 2000 una multitud furiosa
perturbó la juramentación de Fujimori como presidente.
§
En agosto del 2000 Montesinos cometió un
gravísimo error en su reacción frente a las fuentes colombianas y peruanas que
reportaban los envíos de contrabando de armas de Jordania, facilitados por las
fuerzas armadas peruanas para la FARC. Fujimori y Montesinos se presentaron
juntos en televisión y reportaron el exitoso desmantelamiento de una red
criminal de contrabando de Jordania a Colombia. La treta resultó
contraproducente, por que las autoridades jordanas, colombianas y
estadounidenses refutaron la versión de Montesinos: En 1998 Jordania hizo una
venta legal de armas a las autoridades peruanas.
§
El 14 de setiembre del 2000 estalla otra bomba
mediática.
§
Una televisora difunde el video en el que
Alberto Kouri aparecía recibiendo 15,000 dólares de Montesinos a cambio de
cambiarse de bando en el congreso. El 16 de setiembre Fujimori anuncia que habría
nuevas elecciones y suspende las funciones del SIN. Montesinos parte a Panamá
en un jet privado después de recibir el presente de despedida de 15 millones de
dólares autorizado por Fujimori, el general Bergamino y el ministro Boloña.
§
Fueron entregados al congreso y autoridades
judiciales evidencias incriminadoras a
Montesinos y el mismo Fujimori nombró a José Ugáz como procurador Ad hoc para
investigar el caso. Ugáz denunció las cuentas secretas de Montesinos y sus
socios en varios países extranjeros, luego Fujimori intentó despedirlo, pero no
pudo hacerlo. Era demasiado tarde para que Fujimori lograra amainar la reacción
y el clamor popular que exigían investigación y castigo.
§
A un mes de su partida, Montesinos volvió al
Perú en octubre. Fujimori fingió realizar una gran búsqueda para prender a su
ex¬-asesor antes inseparable. Montesinos volvió a escapar, esta vez en yate
privado a las Islas Galápagos, Costa Rica y Venezuela. Acto seguido se
impusieron grandes cambios entre los militares y la policía. Fujimori se llevó
consigo evidencias incriminadoras en video, cuando abordó un avión a Brunei y
Japón supuestamente para participar en una reunión internacional. El 20 de
noviembre del 2000, desde Tokio,
§
Fujimori transmitió un fax al congreso peruano
por el cual renunciaba a la presidencia.
7.8.
Culminación de un ciclo
§
Entonces se formó un gobierno de transición,
encabezado por Valentín Paniagua, elegido por el congreso para que actuara como
presidente interino. Montesinos fue aprehendido en junio del 2001, después de
un tira y afloje con Hugo Chávez, y después de extraditado debió afrontar numerosos
cargos y penas de prisión.
§
El país se vio en la necesidad de evaluar los
costos de la corrupción sufrida durante la “década infame”. Lourdes Flores,
Fernando Olivera, Anel Townsen, Ernesto Herrera, Fernando Rospigliosi, Gustavo
Gorriti, José Ugaz y Nelly Calderón reforzaron y complementaron las
revelaciones anticorrupción hechas por Mario Vargas Llosa y otros, en la que
tal vez fue una ruptura cualitativa con el pasado que aún espera una
consolidación definitiva.
§
En conclusión, el gobierno de Fujimori-Montesinos,
alcanzó nuevos grados de corruptela incontrolada. Aunque parecido al régimen de
Leguía tuvo un sólido sustento militar que recuerda a otras dictaduras.
§
Con la excusa ideológica de promover la lucha
contra los insurgentes terroristas y el narcotráfico, se formó un aparato
secreto policial y militar para capturar y manipular el Estado, así como
perpetrar abusos de los derechos humanos.
§
En el centro de los mecanismos encubiertos de
control político, represión, manipulación y corrupción se encontraba el
Servicio de Inteligencia Nacional, encabezado por el jefe de espías Montesinos,
el notorio “asesor” presidencial.
§
El acaparamiento de fondos secretos para
sobornos en el SIN, procedente de los sobornos en las adquisiciones militares;
la malversación de los fondos de pensiones militares; los cupos al tráfico de
drogas; y la ayuda prestada a grupos privados de presión extranjeros y locales,
entre otros muchos mecanismos de corrupción, fueron útiles para financiar el
tráfico de influencias y el soborno en prácticamente todos los ámbitos del
Estado.
§
Comenzando con la presidencia, las campañas
políticas y electorales, así como los programas sociales y de infraestructura
que legitimaron y mantuvieron a Fujimori en el poder, se financiaron en parte,
con los fondos secretos dirigidos por Montesinos. Fujimori, así mismo dependió
de su propia red de parientes y socios para desviar fondos procedentes de la
asistencia extranjera, empresarios y asociados políticos. En la historia del
Perú ha habido varios ejemplos clásicos de entendimiento dual en la cúpula de
gobiernos signados por el abuso del poder: el virrey Amat-asesor Salas,
Gamarra-Gutiérrez de La Fuente, Echenique-Torrico, Balta-Piérola, Piérola-
Deryfus, Leguía-Egoaguirre, Odría-Noriega, Velasco-Tantalean y García-
Mantilla, ente otros. Sin embargo el dúo Fujimori-Montesinos probablemente
superó a todos ellos en términos del alcance y profundidad de la corrupción.
§
Los tentáculos del aparato de
Fujimori-Montesinos se propagaron para captar influencias y controlar el
congreso, pagando salarios ilegales y sobornando a muchos parlamentarios. Del
oficialismo y de la oposición.
§
El poder judicial cayó también en la
corrupción mediante el pago de sobornos a los jueces, así como el sistema
electoral, los gobiernos municipales y
las fuerzas policiales y armadas.
§
La administración económica y financiera del
régimen estuvo plagada de opacidad y “decretos secretos”, que permitieron los
malos manejos, el favoritismo, el conflicto de intereses y el abuso de las
privatizaciones, operaciones de la deuda externa y de rescate de los bancos
locales.
§
Los magnates de los medios de comunicación
recibieron pagos ilegales para influir en la opinión pública, orquestar
campañas ideológicas y apoyar las políticas de Fujimori.
§
Se ha estimado que el costo medio anual de la
corrupción durante el régimen de Fujimori fue de 14,000 a 20,000 millones de
dólares.
§
La inversión extranjera perdida fue una gran
parte de los costos indirectos de la corrupción, puesto que el Perú claramente
se convirtió en un destino demasiado riesgoso y oneroso para las inversiones,
debido a los altos precios de transacción de la corrupción.
§
La tolerancia del público a la corrupción
política y administrativa tuvo ciertos límites, incluso bajo regímenes
autoritarios con un control encubierto de los medios. Al igual que en el caso e
Leguía, el venidero fin de la presidencia de Fujimori se vio acelerado por la
ambición de ser reelegido por tercera vez.
§
Los torcidos esfuerzos para asegurar su
reelección y una mayoría en el nuevo congreso limitaron las posibilidades de
Fujimori para mantenerse en el poder.
§
Gracias a evidencias sin precedentes, hechas
posibles por nuevas tecnologías de vigilancia usadas y abusadas por Montesinos,
los pocos medios de comunicación independientes tuvieron que mostrar
embarazosos e incriminadores videos para desatar la avalancha de revelaciones
que siguió.
§
Una opinión pública abrumadoramente negativa y
las investigaciones de los medios hicieron que Montesinos y Fujimori cayeran en
desgracia.
§
Comenzó así, una nueva era en la cual la
creciente toma de conciencia de cuan necesario es contener y procesar
eficientemente a la corrupción tal vez sirva finalmente como inspiración
histórica para complementar pronto las necesarias y esquivas reformas
institucionales que conduzcan a un genuino desarrollo económico y social.
8.
EPÍLOGO
o
El nuevo milenio comenzó en el Perú con la
reforma anticorrupción más amplia e intensa de su historia moderna.
o
Sin embargo, la sostenibilidad de este combate
se enfrentaba a desafíos e incertidumbres aparentemente infranqueables.
o
La espectacular caída del régimen de Fujimori-Montesinos,
contribuyó a que se generaran alteraciones en la habitual tolerancia de la
corrupción sistemática.
o
Las nuevas autoridades establecidas durante el
régimen interino de Valentín Paniagua (nov.2000-julio 2001) y el gobierno
elegido de Alejandro Toledo (2001-2006) lograron implementar frágiles avances
en la lucha contra las tradicionales impunidad y corrupción endémicas.
o
Los nuevos funcionarios anticorrupción
recibieron un amplio respaldo local y extranjero a sus esfuerzos reformistas.
Dicho respaldo comenzó a desvanecerse con el descubrimiento de nuevos
escándalos menos graves que los anteriores de la década de 1990.
o
La desconfianza hacía las autoridades e
instituciones, persistió. Las reformas institucionales debían, pues, aplicarse
consistentemente y sistemáticamente.
o
A diferencia del Tribunal de Sanción Nacional,
establecido en 1930 para castigar la corrupción de Leguía, las medidas legales
adoptadas a inicios del nuevo milenio para procesar delitos relacionados con la
corrupción estuvieron firmemente basadas en las estrictas bases
constitucionales de la separación de poderes.
o
Ya en noviembre de 2000, José Ugaz, el
procurador público anticorrupción especialmente nombrado, había propuesto dos
proyectos de ley que buscaban resolver las serias disfunciones existentes en
las relaciones del fiscal general del Ministerio Público y el poder judicial
del país.
o
Se establecieron solamente cuatro procuradores
especiales anticorrupción, lo cual fue aprobado por el congreso como parte de
un paquete acordado por Ugaz y el ministro de justicia Diego García Sayán.
o
El congreso llevó a cabo de manera
independiente sus propias investigaciones a través de varias comisiones
especiales, encabezadas entre otros por los parlamentarios David Waisman y Anel
Townsend.
o
Sobre la base de estas investigaciones, se
presentaron cargos. Como resultado de ello los casos con evidencias se
derivaron a los fiscales y jueces anticorrupción. El poder judicial les siguió en julio de 2001
con el nombramiento de seis jueces especiales anticorrupción, quienes llevaron
a cabo sus propias investigaciones e iniciaron la tarea compleja de juzgar y
sentenciar a la gran cantidad de personas acusadas de corrupción.
o
A partir de la inmensa cantidad de evidencias
contenidas en aproximadamente 2,300 videos, analizados y transcritos por las
comisiones parlamentarias , mas de 700 videos adicionales bajo escrutinio judicial y otra información
doméstica y financiera, así como información
de colaboradores eficaces, para julio de 2003 aproximadamente 1,250
personas habían sido procesadas y más de
225 millones de dólares en cuentas bancarias secretas habían sido confiscados ,
en tanto que alrededor de 1,000 millones más estaban en trámites de ser
recuperados. La información de los colaboradores eficaces Matilde Pinchi y
Alberto Venero, entre otros, reforzó la acusación de los procuradores contra
Montesinos y sus asociados militares y civiles. En setiembre de 2002 Montesinos
fue llevado a juicio por más de 50 acusaciones. (La legislación peruana impide
acumular múltiples cargos en un solo juicio) Hasta ese momento había sido
encontrado culpable de más de 30 cargos, ente los cuales se encontraba el de
los Kalashnikov/FARC, que concluyó en setiembre de 2006.
o
Hacía octubre del 20010 Montesinos había
recibido penas de cárcel hasta por 25 años. Entretanto el proceso contra
Fujimori por los cargos de violaciones de los derechos humanos, corrupción y
conspiración criminal comenzó en diciembre de 2007, luego de una prolongada
pero finalmente exitosa lucha para extraditarlo de Japón y Chile, dónde se
había refugiado para escapar de la justicia peruana.
o
El sistema judicial peruano fue capaz de
condenar a Fujimori en una serie de juicios que para abril de 2009 le habías
puesto penas de prisión de hasta 25 años. Se trata del único ex presidente en
la historia peruana que ha sido condenado con todos los requisitos de la ley.
o
Entre 2003 y 2012, aproximadamente huyeron del
país aproximadamente 224 acusados. Gracias a algunos jueces corrompidos muchos sentenciados
ya han salido prisión debido a sentencias indulgentes.
o
La reforma del control de la Magistratura,
resultó útil para retirar jueces incompetentes.
o
Las lealtades políticas de los jueces de la
corte suprema, la continua falta de fondos, la cantidad abrumadora de causas pendientes
y los recientes intentos de reformar el sistema con fines políticos aún
continúan amenazando su efectiva reforma.
o
Las sanciones contra las personas culpables de
corrupción en el pasado no bastaron para contener la corrupción sistemática.
o
Los resultados hasta ahora son alentadores,
aunque limitados. La Contraloría General, una institución de auditoría y
supervisión, tradicional, aunque débil se reafirmó así misma en los años 2006 y
2007, no obstante, contando con una unidad de inteligencia anticorrupción
recién creada, y con logros limitados hasta el año 2003.
o
La oficina del zar anticorrupción, entre otros
nuevos mecanismos, ha sido de poca utilidad, en tanto que la recién creada
policía anticorrupción ha tenido mejores resultados.
o
Según las encuestas de opinión, la
transparencia global del Estado continúa considerándose baja o mejorada
débilmente, debido a la desconfianza general hacía los funcionarios y los
problemas de una limitada transparencia efectiva.
o
Los medios de comunicación o el “cuarto poder”
hicieron una gran contribución al destape de la corrupción y su información
pública. Su papel es esencial para mantener la vigilancia sobre el tráfico de
influencias y la corrupción. Sin embargo, en el Perú intereses políticos y
empresariales continúan amenazando la independencia de las principales cadenas
televisivas y periodísticas. El arreglo
legal de las cuestiones pendientes con respecto a la propiedad y el control de
las grandes redes se vio complicado por el procesamiento de los magnates de los
medios acusados de corrupción. La temporal asignación que el gobierno hiciera
de Panamericana Televisión a Genaro Delgado Parker, una persona con muchas
conexiones políticas, fue cuestionada legalmente por los abogados de Ernesto
Schütz. Este caso dio lugar a un escándalo que involucró sentencias
contradictorias de parte de jueces parciales.
o
Se ha efectuado un avance considerable en la
sentencia de generales. Almirantes y otros altos mandos militares y policiales,
así como en la reorganización subsiguiente de las fuerzas armadas y la policía
desde comienzos del siglo XIX. Los caudillos militares conformaron un sistema
de patronazgo, en el que los oficiales eran recompensados por sus prácticas
corruptas, justificadas y protegidos en nombre del patriotismo. Así mismo,
llevaron a cabo numerosas intervenciones políticas dañinas para el orden
constitucional.
o
La profesionalización militar a comienzos del
siglo XX parecería haber reducido las expectativas que los oficiales tenían de
enriquecerse mediante el abuso de su posición. Sin embargo, la corrupción
militar vuelve a crecer con la dictadura de Leguía en la década de 1920, a
medida que el respaldo político era compensado con ascensos inmerecidos o
coimas derivadas del gasto militar. Así tenemos las dictaduras de Sánchez Cerro
y Benavides, en la década de 1930, los 8 años de la dictadura de Odría a
comienzos de la década de 1950 y el decenio militar revolucionario de la década
dl 1970 con Velazco Alvarado.
o
Las corruptelas militares de Fujimori
–Montesinos fueron las más recientes, que generaron una corrupción sistemática
en el centro de las fuerzas armadas.
o
A partir de 2001 se reestructura la
supervisión pública, gracias a la iniciativa del ministro de defensa General
Walter Ledesma (r) Para finales de 2001 485 oficiales de del ejército,
Aeronáutica, y Marina fueron pasados al retiro, reformándose la policía.
o
Fernando Rospigliosi, ministro del interior
pasó al retiro a un total de 618 oficiales de la policía. Sin embargo, la
inmensa presión ejercida por los intereses ligados al narcotráfico continúa
amenazando la integridad militar y policial.
o
Con Alejandro Toledo hubo una mejor
fiscalización, transparencia institucional y recaudación de rentas que durante
la época de Fujimori.
o
El destape incesante de supuestas
transgresiones de pequeña escala, nepotismo y escándalos personales que
involucraban a la familia y círculo íntimo de Toledo, alcanzó su clímax en
enero de 2004 y causó un serio daño a su gobierno. Los medios explotaron de una
manera sensacionalista la grabación de audio de César Almeida, asesor íntimo
del presidente y exjefe del Servicio de Inteligencia (rebautizado Consejo
Nacional de Inteligencia (CNI)
o
En la cual Almeida parecía negociar con uno de
los agentes de Montesinos.
o
Al mismo tiempo Raúl Diez Canseco renunció al
reconocer el tráfico de influencias en su gestión.
o
El gobierno de Toledo llegó a su fin en medio
del descrédito, no obstante, el mérito relativo de su manejo de la política
económica.
o
Entre los ex presidentes que regresaron del
exilio tenemos a Echenique, Piérola, Leguía y Prado.
o
García había sido acusado legalmente, pero
quedó absuelto debido a tecnicismos legales y a las aberraciones procesales de
un sistema judicial plagado por la corrupción de la década de 1990. Apenas unos
meses después de su segunda asunción al mando en 2006, el partido de García y
sus aliados Fujimoristas comenzaron a desmontar algunos de los importantes
avances realizados por la anticorrupción. Los salarios de los empleados
públicos fueron recortados, argumentándose su falta de proporción con la
extendida pobreza de la población peruana, y muchos temían que las reformas
judicial y policial del nuevo gobierno fueran inspiradas por motivaciones
políticas.
o
Sin embargo, el escrutinio público continuó
siendo elevado a lo largo del 2007 e impuso serios obstáculos a imprudentes
malos manejos, así como a políticas y expolios partidarios del primer gobierno
de García.
Fuente
General: Mario Felix Arrus Raschio
F. Conclusiones
“…A lo largo de la historia que cuenta Alfonso Quiroz se puede ver
con claridad cómo, en lugar de irse construyendo un Estado republicano con
leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley
y con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad
incluyente que los considera, a diferencia de esto, se va perfilando y
consolidando un Estado sin derecho, en el que las leyes están dadas para no ser
cumplidas, y donde las formas patrimoniales del poder se van remodelando y
recreando en cada periodo de la historia. La corrupción atenta persistentemente
contra el desarrollo nacional y se pierden importantes oportunidades para
lograrlo” – Cecilia Blondet
G. Agradecimientos
Alfonso
Quiroz, Mario Arrus, María Bautista, Daisy Pacheco, Víctor Pilco y Cecilia
Blondet. Muchas gracias por los aportes y perspectivas, no nos conocemos, pero
estoy seguro que la información servirá a un peruano más.
H. Bibliografía
“Historia de la corrupción en el Perú”
– Alfonso W. Quiroz
I.
Anexos
https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/historia-de-la-corrupcion-en-el-peru-edicion-popular/
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